Un juez ordenó que el Gobierno porteño testee a los residentes y trabajadores de todos los geriátricos

Debe hacerlo en forma semanal. Desde el comienzo de la pandemia hubo contagios en 272 instituciones, 2.324 casos positivos y 267 muertes.

El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 10, Aurelio Ammirato, en base una acción de amparo del geriátrico Geri SA de Caballito (Comuna 6), ordenó que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “emprenda una campaña de testeo preventivo dirigida al conjunto de las personas hospedadas en todos los establecimientos geriátricos privados situados en la ciudad, y a todos los trabajadores que allí se desempeñan, la cual deberá ser llevada a cabo con frecuencia semanal y mediante reactivo PCR, mientras persista la circulación comunitaria del virus”.

Según datos oficiales actualizados, en la actualidad hay 272 geriátricos con al menos un caso positivo, con una totalidad de 2.324 casos y 267 personas que han fallecido.

Este viernes, la directora general de Planificación Operativa, Paula Zingoni, informó que en los geriátricos se realizaron hasta la fecha “27.057 test, de los cuales 824 fueron positivos y hemos podido detectar 528 personas con una PCR positiva”. Se refiere a trabajadores.

El magistrado dijo que el Estado de la CABA cuenta con una responsabilidad indelegable. “Esta prestación no es exigible a los geriátricos, dado que no está entre sus obligaciones legales, en tanto que indudablemente es deber del Estado proveer a la salud pública, e implementar para ello todos los dispositivos y recursos a su alcance para proteger a la población y enfrentar este flagelo que azota a la sociedad”, detalló el juez.

El Poder Ejecutivo porteño hizo una serie de objeciones: aseguró que el amparista no se encuentra legitimado para interponer la acción; negó que exista urgencia, ni derechos constitucionales afectados; rechazó que el gobierno haya vulnerado derecho alguno de los pacientes o del personal que trabaja en el establecimiento. Remarcó que Geri “es una institución privada y como tal no se encuentra impedida de adquirir y abastecerse de los test que exige de su contraparte”.

Cuestionó el posible antecedente planteado: “De articularse por vía judicial pretensiones análogas, se haría imposible dar satisfacción a todos los demandantes, circunstancia que no se relaciona únicamente con una cuestión presupuestaria sino también con la escasez de recursos”.