Veredas: Rodríguez Larreta busca cambiar el sistema de permisos de obra y elevar multas hasta $334.500

El Poder Ejecutivo local envió a la Legislatura porteña un proyecto de ley para “brindar mayor eficacia y eficiencia al régimen de aperturas en la vía pública de la Ciudad”. Las empresas deberán contratar un seguro para hacer las tareas.

El Poder Ejecutivo local envió a la Legislatura porteña un proyecto de ley para “brindar mayor eficacia y eficiencia al régimen de aperturas en la vía pública de la Ciudad”. Las empresas deberán contratar un seguro para hacer las tareas.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, envió a la Legislatura porteña un proyecto de ley para modificar el régimen vigente de permisos para hacer arreglos de veredas (Ley N° 2.634). Se busca así “brindar mayor eficacia y eficiencia al régimen de aperturas en la vía pública de la Ciudad” (Expediente 2954-J-2017). Otro proyecto aumenta las penas económicas contra las  empresas que hagan malas terminaciones (Expediente 2956-J-2017).

El proyecto de ley 2954-J-2017 contextualiza sobre la situación de las veredas porteñas: “Las obras de apertura en la vía pública en el ámbito de la Ciudad entorpecen tanto el tránsito vehicular como peatonal. Sumado a ello, el profuso número de incumplimientos al régimen de aperturas vigente ha dado origen a un sinfin de reclamos ante la Administración Pública”.

La propuesta oficial tiene 19 artículos y siete títulos. El artículo noveno explica: “Como condición para poder obtener el permiso de apertura y/o rotura en la vía pública, el solicitante deberá constituir una garantía o seguro a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los modos, por los montos y en las condiciones que se establezcan por vía reglamentaria”.

Desde el Poder Ejecutivo explican sus alcances: “La obligatoriedad de garantizar los trabajos genéricamente, permitiendo a la Administración, por la vía reglamentaria, prever nuevos mecanismos o instrumentos que sean de fácil implementación para los solicitantes y que permitan perseguir con mayor eficacia el cobro de los gastos en los que pudiera incurrir la Administración ante el incumplimiento de la obligación de cierre o cuando aquel resultase defectuoso”.

“Asimismo, la norma propuesta tiene como objetivo generar mayor coordinación entre las diferentes entidades involucradas, tanto públicas como privadas, para que no se realicen aperturas innecesarias en la misma locación en ocasiones sucesivas y reiteradas. Por otro parte, se propone implementar una nueva categoría de permisos que posibilitará abarcar situaciones que en la actualidad son reportadas como emergencia por parte de las empresas de servicios públicos cuando técnicamente no lo son”, se agrega.

“En otro orden de ideas, dado que es una responsabilidad ineludible del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vigilar el perfecto estado de conservación y transitabilidad de las calzadas y veredas afectadas por las obras señaladas, se establece la facultad de crear un régimen de evaluación que contemple los incumplimientos que se originen en razón de la realización de obras de aperturas y/o roturas en la vía pública por parte de los contratistas a quienes se les encomiende su ejecución con el fin de desalentar este tipo de conductas”, exponen fuentes porteñas.

“En aras de ello también se crea el Registro de Personas Autorizadas para Aperturas en la Vía Pública (RPAAVP), de modo que los sujetos no comprendidos en éste —sea por no haber cumplimentado los requisitos para su inclusión o por haber sido excluidos en virtual de algún incumplimiento— no se encontrarán habilitados para solicitar el mentado permiso de aperturas en el espacio público. De igual manera y a los fines de avanzar acorde con un criterio de unicidad y coordinación entre el Gobierno de la Ciudad y las empresas prestatarias de servicios públicos u caros sujetos que soliciten permisos, se instaura la obligatoriedad de estas últimas de presentar Sus planes de obra ante la Administración”, concluye el Gobierno porteño.

En tanto, el Expediente 2956-J-2017 modifica el “Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Con esta modificación se propone que aquella empresa o persona que “efectuare sin permiso” roturas en veredas será sancionada con una multa de 10.000 a 20.000 Unidades Fijas (de $111.500 hasta $223.000) y/o inhabilitación. Quienes lo hagan con permiso vencido recibirán penas de entre 5.000 y 7.500 Unidades Fijas (de $55.750 a $83.625).

“Toda persona física o jurídica responsable de h apertura y/o rotura en la vía pública que la efectuare omitiendo la normativa atinente a la seguridad de obra, las disposiciones relativas al tránsito y la seguridad vial y demás normativa de aplicación, es sancionado/a con multa de tres mil (3.000) a treinta mil (30.000) unidades fijas y/o inhabilitación”, estima la modificación propuesta por Rodríguez Larreta. Las multas oscilarán entre $33.450 y $334.500.

Durante los primeros siete meses de 2017, el Gobierno porteño recibió 22.395 reclamos en la web oficial de la CABA por problemas en las veredas. Hubo 106 llamado por día a la línea 147.

Tras un relevo oficial en los barrios de Boedo, Almagro (Comuna 5), Caballito (Comuna 6) y Belgrano (Comuna 13), los legisladores Adrián Camps (PSA) y Marcelo Ramal (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) habían presentado un proyecto para declarar la emergencia en las veredas capitalinas.

El artículo primero de este proyecto reza: “Se declara la emergencia del estado de conservación de las veredas y vados de la Ciudad. Implementase el Plan Integral de Reparación y Mantenimiento (PIRM) que tendrá como objetivo prioritario garantizar el tránsito y la accesibilidad para personas con discapacidad, personas con movilidad reducida y adultos mayores en aceras y cruces peatonales”.

El cuarto suma: “Cada Comuna, con sus organismos de participación ciudadana, realizará tareas de relevamiento y control de obras, según las reglas del arte”.

Los fundamentos introducen: “La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires ha señalado que “el Estado local, propietario de las aceras, guarda para sí el ejercicio del poder de policía que le impone el deber de asegurar que tengan una mínima y razonable conformación para evitar que su deficiente conservación se transforme en fuente de daños para terceros””.

“Según estudios médicos realizados entre Septiembre del 2009 y Febrero del 2017, donde se evaluaron 820 adultos de 80 años de edad promedio, 515 presentaron caídas. De estos: 3 de cada 4 se cayeron en la vereda, no exclusivamente (384 personas), más de la mitad se cayeron exclusivamente en la vereda (271 personas), la mayoría porque tropezó (7 de cada 10). [Datos proporcionados por las Dras. Giber y Quintar, del Área Evaluación de Caídas en Adulto Mayor del Hospital Italiano].   Según un estudio holandés de 2009, se estima que un tercio de las muertes y dos tercios de las lesiones de peatones son consecuencia de una caída previa en un espacio urbano”, se añade.

“El deteriorado estado de las veredas impide a las personas con discapacidad y adultos mayores circular por la vía pública a fin de realizar actividades básicas tales como educarse, obtener y conservar un empleo, recibir servicios de salud, abastecerse, sociabilizar y disfrutar del esparcimiento. Sin embargo, el Estado Nacional se ha comprometido a promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”, concluyen los legisladores.