A pocas semanas del comienzo del ciclo lectivo, el Instituto Formar Futuro, un establecimiento privado ubicado en el barrio de Villa Real (Comuna 10), cerró de manera sorpresiva sus puertas, dejando a más de 180 estudiantes sin escuela y a alrededor de 50 docentes sin trabajo. La situación generó protestas de familias, intervención judicial y la puesta en marcha de un nuevo protocolo por parte del Ministerio de Educación de la Ciudad para prevenir cierres intempestivos.

Tras conocerse la medida, la cartera educativa porteña inició acciones legales contra los responsables de la institución y garantizó la reubicación de los alumnos. Según informó la ministra de Educación, Mercedes Miguel, los estudiantes de séptimo grado y quinto año ya fueron derivados a otros colegios, manteniendo sus grupos originales y con acompañamiento personalizado a las familias.

La funcionaria explicó que la escuela contaba con 186 inscriptos para este ciclo y recibía subsidios estatales destinados al pago de salarios docentes, los cuales —afirmó— fueron girados en tiempo y forma. Sin embargo, los sueldos de diciembre no fueron abonados por la entidad propietaria. Ante esa irregularidad, la Ciudad intimó a los directivos, suspendió nuevos aportes, abrió un sumario administrativo y presentó una denuncia penal, tras lo cual la Justicia ordenó la clausura del establecimiento.

En respuesta a este caso, el Ministerio de Educación dictó una nueva resolución publicada en el Boletín Oficial porteño que establece requisitos más estrictos para el cierre de escuelas privadas. A partir de ahora, cualquier decisión de este tipo deberá ser evaluada y aprobada por la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Además, las instituciones estarán obligadas a advertir con anticipación sobre riesgos de continuidad, convocar a las familias y docentes, y acreditar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales antes de formalizar la baja.

La normativa también exige que los colegios que reciben aportes estatales presenten documentación que certifique el pago de salarios conforme a la legislación vigente, consigna Infobae.

Mientras tanto, la situación generó fuerte malestar en la comunidad educativa. Durante una protesta en la puerta del instituto, padres y madres denunciaron que los dueños habrían cobrado matrículas y cuotas correspondientes al nuevo ciclo lectivo, además de los haberes de diciembre y enero, sin cumplir con el pago al personal docente. El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) acompañó el reclamo y confirmó que los salarios adeudados no fueron abonados, pese a que el Estado había transferido los fondos correspondientes.

El conflicto se agravó por el silencio de los responsables del colegio, quienes cerraron las redes sociales institucionales y limitaron la comunicación con las familias. Incluso, el día previsto para rendir materias pendientes, algunos alumnos se acercaron al edificio clausurado con la intención de rendir en la vereda.

En un comunicado enviado a fines de enero, los propietarios atribuyeron la decisión a una crisis económica, mencionando problemas financieros, juicios laborales, aumento de costos, caída en la matrícula y dificultades para actualizar aranceles en un contexto inflacionario, además de conflictos sindicales y exigencias edilicias.

La crisis se hizo pública cuando las familias recibieron un correo electrónico anunciando el cierre, apenas días antes del inicio de clases. Desde entonces, padres y madres comenzaron una carrera contrarreloj para encontrar vacantes en otras escuelas, en medio de la angustia por la interrupción del ciclo educativo de niños y adolescentes de todos los niveles.

Ante estas irregularidades, tanto el Ministerio de Educación como el sindicato docente avanzaron con denuncias judiciales, acusando a los directivos de un uso indebido de fondos públicos destinados exclusivamente al pago de salarios.