Procesan a nueve hombres por trata y explotación sexual en un local de Recoleta
La Justicia federal investiga la explotación de al menos 50 mujeres en un boliche que funcionaba como prostíbulo encubierto. Se ordenaron embargos millonarios, restricciones de salida del país y medidas sobre la empresa involucrada.
prostitucion
Foto: MPF-Nación
El juez federal Sebastián Casanello procesó a nueve hombres acusados de integrar una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual en un local del barrio porteño de Recoleta (Comuna 2). La medida incluyó embargos por 7.800 millones de pesos, la prohibición de salida del país y la inhibición de bienes de la empresa vinculada al establecimiento.
La causa se originó a partir de una investigación impulsada por la Fiscalía Federal N°12, a cargo de Alejandra Mángano, con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. Según el expediente, al menos 50 mujeres —entre ellas dos menores de edad— habrían sido explotadas en un local nocturno que funcionaba como prostíbulo bajo la apariencia de boliche.
De acuerdo con la imputación, las víctimas eran captadas principalmente a través de redes sociales mediante ofertas laborales como “presencias”, que implicaban acompañar a clientes y fomentar el consumo de bebidas. La investigación sostiene que las condiciones de pago y el sistema de funcionamiento las empujaban a aceptar encuentros sexuales que se concretaban fuera del lugar, bajo supervisión y con control de los organizadores.
El fallo distingue distintos niveles de responsabilidad entre los acusados: cinco fueron considerados coautores del delito agravado, mientras que otros cuatro fueron procesados como partícipes necesarios. Todos quedaron imputados sin prisión preventiva.
Las actuaciones se iniciaron en abril de 2022 tras una denuncia anónima y derivaron en un allanamiento realizado en julio de 2024, donde se identificó a las mujeres involucradas. La investigación describe una estructura organizada con roles definidos para la captación, administración y control del funcionamiento del local.
El magistrado concluyó que el establecimiento operaba como un espacio de explotación sexual clandestina, encubierto bajo una actividad comercial formal, y señaló que el esquema habría continuado prácticas similares a las de otro prostíbulo previamente investigado.
