La diputada Claudia Neira, junto a un grupo de legisladores de distintos bloques opositores, presentó un proyecto de resolución en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para que el Poder Ejecutivo brinde información detallada sobre la gestión de inmuebles con “emergencia edilicia” desde 2024 hasta la actualidad.

La iniciativa, ingresada bajo el expediente 1314-D-2026, solicita que el Gobierno porteño responda en un plazo máximo de 30 días y remita la información en formato digital abierto y procesable, con el objetivo de analizar la política de intervención estatal sobre edificios con riesgo estructural.

El pedido de informes abarca múltiples dimensiones del sistema de gestión del riesgo edilicio, incluyendo la existencia de registros actualizados de inmuebles, criterios técnicos de clasificación de riesgo, cantidad de inspecciones realizadas, intervenciones con o sin uso de fuerza pública, y medidas adoptadas en cada caso, como clausuras, desalojos o apuntalamientos.
También requiere datos sobre la ejecución de obras posteriores a la detección del riesgo, los plazos entre diagnóstico e intervención, y los casos en los que no se habrían realizado obras estructurales pese a la vigencia de la emergencia edilicia.

Otro de los ejes del proyecto apunta a la trazabilidad administrativa de los casos, solicitando información sobre los sistemas de registro utilizados por los distintos organismos intervinientes, la existencia de identificadores únicos por inmueble y el nivel de interoperabilidad entre bases de datos.

En materia de desocupaciones, la iniciativa pide detallar la cantidad de personas afectadas, los dispositivos de asistencia habitacional implementados, el seguimiento posterior de los hogares desalojados y la información sobre la restitución de inmuebles.
El proyecto también solicita datos sobre la participación de la Policía de la Ciudad en los operativos, la eventual existencia de detenciones o secuestros de elementos, y la articulación entre organismos técnicos, de control y áreas sociales durante las intervenciones.

En los fundamentos, los legisladores señalan la necesidad de contar con información sistematizada que permita evaluar la coherencia entre los diagnósticos técnicos de riesgo edilicio y las medidas efectivamente adoptadas por el Estado. Además, advierten sobre la importancia de analizar la continuidad de las intervenciones, la eventual reiteración de operativos sobre los mismos inmuebles y la articulación con políticas habitacionales.

El texto plantea que la gestión del riesgo edilicio involucra decisiones que pueden implicar restricciones de uso o desalojos, por lo que sostiene que dichas medidas deben estar debidamente fundamentadas, ser proporcionales al riesgo detectado y orientadas a su resolución estructural.

Finalmente, el pedido de informes busca que la Legislatura pueda ejercer control sobre la política pública en la materia y evaluar su impacto en términos de seguridad edilicia, transparencia administrativa y derecho a la vivienda.