El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó un cambio en su política social con la eliminación de los planes vigentes y la creación de un nuevo programa orientado a la capacitación y el acceso al empleo formal. La iniciativa fue establecida a través del Decreto 140/26, firmado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

La norma dispone la derogación de una serie de programas implementados en las últimas décadas —como VIEL, Veredas Limpias, FIT y PREASIS— y encomienda al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat el diseño de un esquema unificado que apunte a la inclusión social y laboral de personas en situación de vulnerabilidad.

El nuevo sistema alcanzará a unas 5.000 personas y contempla un período de transición de 12 meses, durante el cual se desactivará el modelo anterior. Según explicaron desde el Ejecutivo porteño, el objetivo es reemplazar la asistencia directa por herramientas que promuevan la autonomía económica y el acceso al trabajo.

Entre los principales cambios se destaca la eliminación de intermediarios: los pagos serán directos a los beneficiarios, con el fin de mejorar la trazabilidad de los fondos públicos y fortalecer los mecanismos de control. En esa línea, el decreto también plantea la necesidad de garantizar mayor transparencia en la asignación de recursos.

La iniciativa establece la obligatoriedad de participar en instancias de formación y capacitación laboral, así como en actividades comunitarias y prácticas orientadas al empleo. Además, prevé la articulación con el sector privado y otras instituciones para facilitar la inserción en el mercado laboral formal.

Desde el Gobierno porteño señalaron que la decisión se apoya en la necesidad de actualizar políticas que, si bien tuvieron impacto en su momento, quedaron desfasadas frente a las nuevas demandas sociales y laborales. En ese sentido, se busca integrar en un solo programa distintos enfoques previos, incorporando también herramientas como becas o incentivos económicos.

El decreto se fundamenta en artículos de la Constitución local que establecen la obligación del Estado de promover el desarrollo humano, reducir desigualdades y generar empleo mediante políticas de capacitación y formación profesional.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat será el encargado de definir los detalles operativos del programa, así como las condiciones de implementación de los convenios vigentes y las nuevas modalidades de asistencia. Cualquier medida que implique impacto presupuestario deberá contar con la intervención del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Con este cambio, la administración porteña apunta a consolidar un modelo que priorice la inclusión laboral como eje central de la política social y reduzca la dependencia de la asistencia estatal a largo plazo.