El Gobierno nacional abrió una instancia de consulta pública para avanzar en una nueva actualización de las tarifas del transporte público de jurisdicción nacional, que incluye tanto colectivos como trenes. La medida, impulsada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, forma parte de un esquema de ajustes graduales que apunta a recomponer ingresos del sistema y reducir el peso de los subsidios estatales.

El proceso participativo estará habilitado durante tres días hábiles a través del sitio oficial del organismo y permitirá a usuarios, empresas y entidades del sector expresar opiniones antes de que se definan los cuadros tarifarios definitivos. Si se ratifica la propuesta, los nuevos valores comenzarán a aplicarse desde el 18 de mayo.

En el caso de los colectivos bajo jurisdicción nacional, el plan prevé aumentos escalonados en tres tramos consecutivos del 2% mensual entre mayo y julio. Con el primer ajuste, el boleto mínimo pasará a $714 para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada, mientras que los beneficiarios de la Tarifa Social abonarán $321,30. Para los usuarios sin registrar la tarjeta, el costo del pasaje será considerablemente más alto. Las siguientes subas están previstas para mediados de junio y julio.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que, pese a la actualización, las tarifas nacionales continúan por debajo de las vigentes en otras jurisdicciones del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde los incrementos se aplicaron en meses recientes.

Para el sistema ferroviario, la propuesta contempla un sendero de subas más amplio, con cinco etapas hasta septiembre. El primer incremento sería del 18% en mayo, seguido por ajustes mensuales decrecientes. De este modo, el boleto mínimo en el AMBA pasará a $330 para usuarios con SUBE registrada, mientras que quienes acceden a la Tarifa Social pagarán $148,50.

La iniciativa se enmarca en la Emergencia Ferroviaria declarada por el Ejecutivo tras diversos problemas operativos y años de falta de inversión. Según datos oficiales, a fines de 2023 la tarifa cubría apenas una porción mínima del costo real del servicio, lo que implicaba una fuerte dependencia de subsidios. Con los aumentos proyectados, el objetivo es mejorar progresivamente ese nivel de cobertura.

El esquema también mantiene beneficios vigentes, como la Tarifa Social Federal —que otorga descuentos a sectores vulnerables— y el sistema de integración Red SUBE, que reduce el costo en combinaciones de viaje. En paralelo, el Gobierno continúa incentivando el registro de la tarjeta para acceder a tarifas diferenciales y otros beneficios.

Con la apertura de esta consulta, el Ejecutivo busca incorporar mecanismos de participación ciudadana en una decisión sensible, en medio del debate sobre el costo del transporte y el alcance de la asistencia estatal en el sector.