El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que formalizó la presentación de su declaración jurada patrimonial junto con rectificaciones de años anteriores, en medio de cuestionamientos políticos y judiciales sobre su evolución económica.

El funcionario reconoció que omitió declarar alrededor de 500.000 dólares en presentaciones previas, los cuales, según explicó, provienen de ahorros familiares e inversiones realizadas fuera del sistema formal, principalmente en criptomonedas. Detalló que inició esas operaciones con unos 200.000 dólares y que obtuvo ganancias cercanas a los 300.000.

Adorni sostuvo que regularizó su situación antes del vencimiento legal, previsto para fines de julio, y aseguró que cumplirá con todas las obligaciones fiscales derivadas de la actualización patrimonial. En ese marco, afirmó que la presentación busca despejar dudas sobre su conducta y negó haber cometido delitos.

Las explicaciones del jefe de ministros se producen tras varios meses de cuestionamientos públicos y denuncias judiciales por presunto enriquecimiento ilícito, que actualmente se tramitan en los tribunales federales. La controversia se inició a partir de distintas informaciones sobre su patrimonio, incluyendo operaciones inmobiliarias y gastos personales.

En declaraciones televisivas, el funcionario defendió el origen de sus ingresos y los vinculó a su trayectoria en el sector privado, al igual que la de su esposa, Bettina Angeletti. También señaló que evaluó dejar su cargo cuando estalló la polémica, aunque finalmente decidió continuar tras recibir respaldo del presidente Javier Milei.

Por su parte, el mandatario expresó públicamente su apoyo al jefe de Gabinete en redes sociales, al considerar que sus explicaciones resultaron suficientes para descartar irregularidades.

En paralelo, desde distintos sectores políticos surgieron críticas a las declaraciones de Adorni. Entre ellas, la vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó sus dichos y calificó su accionar como “una vergüenza”, profundizando las diferencias internas dentro del oficialismo.

La situación del funcionario continúa bajo análisis judicial, mientras se aguarda el impacto de las nuevas presentaciones ante los organismos de control y la evolución de las causas en curso.