La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó una ley que modifica el funcionamiento del Registro de Datos Genéticos, con el objetivo de ampliar su alcance y fortalecer su uso en investigaciones penales y en la búsqueda de personas. Se aprobó con 35 votos afirmativos y 17 abstenciones.

La norma actualiza la Ley 4114 y establece que el registro funcionará en el ámbito de la Cámara de Casación y Apelación en lo Contravencional, Penal y de Faltas de la Ciudad, basado en la recolección y almacenamiento de huellas genéticas digitalizadas obtenidas a partir de ADN no codificante.

Entre los principales cambios, se amplían las finalidades del sistema, que podrá ser utilizado para el esclarecimiento de delitos graves —como homicidios, delitos contra la integridad sexual y contra la libertad— y para la localización de personas extraviadas, fallecidas o desaparecidas.

La ley también redefine la estructura del registro, incorporando nuevas secciones. Entre ellas, se suman categorías para voluntarios que deseen aportar su perfil genético y para cadáveres o restos humanos no identificados, además de las ya existentes vinculadas a evidencias, víctimas, condenados y personal interviniente en investigaciones.

En cuanto a las garantías, el texto establece que la información tendrá carácter confidencial y solo podrá ser utilizada por autoridades judiciales en el marco de investigaciones específicas. Asimismo, se prohíbe su uso con fines discriminatorios o ajenos a los previstos por la normativa.

Otro de los puntos centrales es la regulación de la obtención de muestras biológicas, que deberá realizarse por orden de autoridad competente y mediante métodos no invasivos, especialmente en el caso de personas condenadas.

La norma fija además plazos para la conservación y eliminación de los datos genéticos, que en algunos casos podrán mantenerse hasta 100 años, y dispone la creación de un laboratorio público con recursos específicos para garantizar el funcionamiento del sistema.

Según se detalla en los fundamentos, la actualización busca adecuar la legislación local a estándares internacionales y mejorar las herramientas disponibles para la investigación judicial, en un contexto donde el uso de ADN resulta clave para el esclarecimiento de delitos y la identificación de personas.

La ley entrará en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial.