La legisladora Graciana Peñafort presentó en la Legislatura porteña un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo de la Ciudad un informe detallado sobre el operativo realizado el 22 de junio en la esquina de Perú y Avenida de Mayo (Comuna 1), donde funcionan puestos de feriantes y artesanos.

La iniciativa, identificada como expediente 2260-D-2026 y acompañada por las firmas de los legisladores Andrea Mariana González y Alejandro Salvatierra, requiere que el Gobierno de la Ciudad informe qué organismo dispuso y ejecutó el procedimiento, quiénes estuvieron a cargo y cuál fue el fundamento administrativo y legal del operativo.

Entre los principales puntos del pedido, los autores solicitan copia de las órdenes de servicio, actas, expedientes administrativos y demás documentación vinculada con el procedimiento, además de conocer las instrucciones impartidas al personal que intervino.

Uno de los ejes del proyecto es la existencia de una medida cautelar dictada en el marco de un amparo que, según los fundamentos de la iniciativa, ordenaba al Gobierno porteño abstenerse de modificar la situación de la feria emplazada en Perú y Avenida de Mayo. En ese sentido, se solicita que el Ejecutivo informe si tenía conocimiento de esa resolución judicial, si fue formalmente notificado y por qué el operativo continuó pese a la vigencia de la cautelar.

La propuesta también requiere conocer si durante el procedimiento existieron comunicaciones con el juzgado interviniente y quién tomó la decisión de mantener el operativo una vez que, según plantea el proyecto, los agentes fueron informados de la existencia de la medida judicial.

Además, el pedido de informes apunta a la actuación del personal desplegado en el lugar. Solicita conocer cuántos agentes participaron, a qué dependencias pertenecían, si había efectivos de la Policía de la Ciudad y si todos contaban con uniforme, credencial o identificación visible, así como el protocolo vigente para la identificación de los agentes en este tipo de operativos.

Otro de los aspectos abordados es la utilización de una camioneta Volkswagen Amarok, dominio AB978RJ. Los legisladores solicitan que el Gobierno informe si ese vehículo fue utilizado durante el procedimiento, cuál es su vínculo con la administración porteña y quién es su titular registral.

Asimismo, el proyecto pide explicaciones sobre las presuntas irregularidades detectadas en la patente del vehículo y solicita saber si el Ejecutivo inició investigaciones administrativas o adoptó alguna medida tras tomar conocimiento de esa situación y de las infracciones de tránsito que, según los fundamentos de la iniciativa, registraría el dominio.

En los fundamentos, los autores sostienen que el objetivo del pedido de informes es esclarecer las circunstancias en las que se desarrolló el operativo y verificar el cumplimiento de las decisiones judiciales, además de garantizar la transparencia en la actuación de los organismos públicos y la correcta identificación de quienes intervienen en procedimientos en la vía pública.