La Legislatura porteña autorizó un endeudamiento de USD 1.350 millones para financiar la construcción de la Línea F del subte
La norma autoriza al Poder Ejecutivo porteño a tomar deuda por hasta USD 1.350 millones para financiar la construcción integral de la Línea F del subte. El proyecto prevé la emisión de títulos en el mercado local e internacional y la posibilidad de afectar recursos de coparticipación como garantía, en el marco de una obra que buscará mejorar la conectividad transversal de la red y sumar una nueva traza de 9,8 kilómetros.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó la ley que autoriza al Poder Ejecutivo a contraer operaciones de crédito público por hasta 1.350 millones de dólares, destinados a financiar la construcción integral de la futura Línea F de la red de subterráneos porteña, una de las obras de infraestructura más ambiciosas proyectadas para el sistema de transporte urbano. Se aprobó con 56 votos positivos y uno negativo.
La norma habilita al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a tomar uno o más empréstitos con organismos multilaterales, bilaterales y bancos de desarrollo, así como también a emitir títulos de deuda en mercados locales e internacionales. El financiamiento podrá concretarse en distintas monedas, incluyendo pesos, dólares u otras unidades de valor.
El proyecto establece además la posibilidad de ampliar los programas de financiamiento ya vigentes en la Ciudad —como el Programa de Financiamiento en el Mercado Local (Ley 4.315) y el Programa de Asistencia Financiera (Ordenanza 51.270/96)—, en función de la operatoria de colocación de deuda.
Destino de los fondos: la nueva Línea F
Según el texto aprobado, los fondos obtenidos deberán destinarse exclusivamente a la construcción de la Línea F del subte, que contempla la ingeniería, la obra civil y el equipamiento completo del sistema.
La traza proyectada tendrá una extensión de 9,8 kilómetros y conectará distintos sectores de la Ciudad, con el objetivo de mejorar la conectividad transversal, descongestionar líneas existentes y reforzar la integración del sistema de transporte subterráneo con la red ferroviaria.
De acuerdo a las estimaciones incluidas en el expediente, la nueva línea podría alcanzar una demanda diaria de entre 235.000 y 392.000 transacciones una vez integrada plenamente a la red, lo que la ubicaría como una de las de mayor uso del sistema.
Condiciones del endeudamiento
La ley fija un tope de endeudamiento de USD 1.350 millones y habilita la emisión de títulos con distintas características financieras: tasas fijas, variables o mixtas, amortización al vencimiento o en cuotas, y plazos mínimos de un año.
Asimismo, se autoriza la posibilidad de afectar recursos del Régimen de Coparticipación Federal como garantía de repago, y de incluir cláusulas de prórroga de jurisdicción bajo legislación extranjera en determinados instrumentos financieros.
El Poder Ejecutivo también queda facultado a realizar operaciones de administración de pasivos, emitir nuevas series de deuda, y efectuar coberturas de riesgo cambiario o de tasas de interés vinculadas al financiamiento de la obra.
Garantías y ejecución
Entre las herramientas previstas, la norma permite la constitución de garantías incondicionales e irrevocables para respaldar los contratos de crédito, así como la incorporación de los compromisos financieros al presupuesto de la Ciudad.
El Gobierno porteño deberá además informar a la Legislatura, en un plazo de hasta 60 días, las operaciones de administración de pasivos que se realicen en el marco de la ley.
Una obra estratégica para la red de subtes
La futura Línea F forma parte del plan de expansión del subterráneo porteño y busca reforzar la conectividad entre el norte y el sur de la Ciudad, con combinación en las seis líneas existentes.
Desde el Ejecutivo se destaca que la obra apunta a mejorar la movilidad urbana, reducir la congestión del transporte en superficie y promover una mayor integración territorial dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La ley fue aprobada por la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, tras el análisis del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo mediante mensaje oficial.







