Las personas que figuran como deudores alimentarios morosos en la Ciudad de Buenos Aires tendrán una nueva restricción: no podrán abrir ni mantener cuentas activas en plataformas de juego en línea ni realizar depósitos, apuestas o retiros, informó el Gobierno porteño. La medida comenzó a implementarse a partir de la reglamentación de una ley aprobada por la Legislatura porteña e incorpora las apuestas digitales al conjunto de limitaciones que rigen para quienes incumplen sus obligaciones alimentarias.

La disposición alcanza a los usuarios incluidos en el Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM) y comprende las distintas modalidades de juego por internet administradas por Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), tanto los juegos de azar como los de destreza.

De acuerdo con el Gobierno porteño, el objetivo de la nueva normativa es sumar una herramienta para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.

“En la Ciudad, los deudores alimentarios no pueden entrar a estadios ni espectáculos masivos. Ahora, tampoco pueden hacer apuestas online”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, al anunciar la puesta en marcha de la medida.

La normativa establece que las empresas operadoras de juegos en línea deberán consultar de manera automatizada y en tiempo real el Registro de Alimentantes Morosos antes de habilitar una nueva cuenta.

Si el sistema identifica que una persona está incorporada al padrón y ya posee una cuenta operativa, la plataforma deberá suspenderla de manera inmediata. Además, tendrá que informar la situación tanto al Registro como a la Justicia de la Ciudad.

El nuevo mecanismo también contempla obligaciones vinculadas con los sistemas informáticos utilizados para realizar las consultas y con la protección de los datos personales.

Las empresas que no cumplan con los controles establecidos podrán recibir sanciones de acuerdo con la normativa específica de la actividad, los contratos de concesión y el Régimen de Faltas porteño.

El presidente de LOTBA, Jesús Acevedo, señaló que la medida busca vincular las políticas de juego responsable con la protección de los menores de edad. Según planteó, el sistema de juego regulado puede acompañar políticas destinadas a promover el cumplimiento de las responsabilidades parentales.

La nueva prohibición se suma a otras medidas vigentes en la Ciudad para las personas incorporadas al Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Entre ellas se encuentra la restricción de ingreso a estadios de fútbol y espectáculos masivos, que se aplica mediante operativos de control. Según los datos difundidos por el Gobierno porteño, desde el comienzo de estos procedimientos hace más de un año se impidió el ingreso de 284 personas que figuraban en el Registro.

También existen limitaciones relacionadas con determinados trámites y actividades. En el ámbito porteño, quienes mantienen deudas alimentarias registradas tienen restricciones para obtener tarjetas de crédito, abrir cuentas corrientes o solicitar y renovar créditos en el Banco Ciudad, además de impedimentos para tramitar la licencia de conducir, con excepción de la profesional.

El régimen también contempla restricciones para postularse a determinados cargos públicos, ser candidatos, participar en concursos o ser designados en cargos judiciales, entre otras medidas previstas por la normativa.

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos está bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Ciudad y, según cifras oficiales difundidas por el Gobierno porteño, actualmente reúne a unas 13.500 personas. El padrón incluye tanto a deudores registrados en la Ciudad como a personas incorporadas a partir de los convenios suscriptos con 14 provincias.

La nueva regulación incorpora el artículo 17 bis a la Ley 269, que creó el Registro, y establece específicamente la prohibición de operar en las plataformas de juego en línea para quienes permanezcan incluidos en el padrón.

De esta manera, las apuestas por internet pasan a formar parte del esquema de restricciones aplicado en la Ciudad a los deudores alimentarios morosos, junto con las limitaciones ya existentes en ámbitos como el acceso a espectáculos masivos, determinados servicios bancarios, la licencia de conducir y el acceso a cargos públicos y judiciales.