Publicado el 18 de septiembre de 2026|

Proponen que la Ciudad adhiera a la Ley Nicolás de calidad y seguridad sanitaria

Los legisladores fundamentaron que la incorporación de CABA al régimen nacional permitiría establecer criterios comunes para la prevención de riesgos y la evaluación de los procesos de atención dentro del sistema sanitario porteño.

legislatura porteña frente

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura porteña propone que la Ciudad de Buenos Aires adhiera a la Ley Nacional 27.797, conocida como Ley Nicolás de Calidad y Seguridad Sanitaria, sancionada por el Congreso en septiembre de 2025. El expediente plantea incorporar al ámbito porteño las herramientas y criterios establecidos por la normativa nacional para mejorar la calidad de la atención y reducir riesgos para los pacientes.

La iniciativa fue presentada por la legisladora Graciela Ocaña junto con Edgardo Alifraco, Emmanuel Ferrario, Sebastián Nagata, Horacio Rodríguez Larreta y Guadalupe Tagliaferri. Según el registro oficial de la Legislatura, el proyecto todavía se encuentra a la espera de la asignación de giro a comisión.

El proyecto establece que, en caso de aprobarse la adhesión, el Poder Ejecutivo porteño tendrá un plazo de 180 días desde la publicación de la norma para reglamentarla. También dispone que los gastos derivados de su aplicación sean atendidos con las partidas presupuestarias correspondientes.

La Ley 27.797 fue sancionada el 18 de septiembre de 2025 y promulgada mediante el Decreto 725/2025. Su objetivo es garantizar una atención sanitaria segura y de calidad, con un enfoque centrado en las personas y las comunidades.

Entre sus objetivos se encuentran la evaluación sistemática de los procesos de atención, la identificación de riesgos, la prevención de daños evitables y la incorporación de herramientas destinadas a mejorar las prácticas sanitarias. La norma también promueve una mayor transparencia de la información relacionada con la atención médica.

Uno de los aspectos centrales es el registro y análisis de los incidentes de seguridad desde una perspectiva orientada al aprendizaje institucional. La normativa contempla mecanismos para identificar qué ocurrió, analizar los riesgos y adoptar medidas que permitan evitar que situaciones similares vuelvan a producirse.

La ley también establece obligaciones vinculadas con la capacitación de los equipos de salud y dispone que los programas de residencias incluyan formación en calidad y seguridad de la atención sanitaria.

Los fundamentos del proyecto presentado en la Legislatura señalan que la incorporación de la Ciudad al régimen nacional permitiría establecer criterios comunes para la prevención de riesgos y la evaluación de los procesos de atención dentro del sistema sanitario porteño.

La iniciativa destaca que el sistema de salud de la Ciudad incluye hospitales públicos, centros de atención primaria y otros efectores, además de una amplia cantidad de profesionales y trabajadores. En ese contexto, plantea que la adhesión permitiría profundizar políticas vinculadas con la calidad, la seguridad y la evaluación de la atención.

El proyecto también toma en cuenta las condiciones laborales de los equipos sanitarios. La Ley Nicolás contempla la necesidad de contar con una dotación adecuada de personal, condiciones de trabajo apropiadas y jornadas que permitan reducir situaciones de agotamiento que puedan afectar la seguridad de las prestaciones.

Otro eje de la normativa es la participación de las personas usuarias del sistema de salud. La ley nacional reconoce su derecho a recibir información y participar activamente en cuestiones vinculadas con la atención sanitaria, además de establecer el respeto por su autonomía como uno de sus principios.

La norma nacional invita expresamente a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a sus disposiciones. El proyecto presentado por Ocaña busca avanzar con esa incorporación en el ámbito porteño.

Por el momento, el expediente 2878-D-2026 permanece en las primeras etapas del trámite legislativo y aún no cuenta con una comisión de la Legislatura asignada para su tratamiento.

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