El Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia penal por los incidentes registrados durante la quinta Marcha Federal Universitaria del jueves en las inmediaciones del Congreso de la Nación, mientras que el Gobierno porteño estimó en $90 millones los daños ocasionados en el espacio público. Por su parte, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció que más de 550 personas resultaron afectadas por el operativo de las fuerzas de seguridad.

La presentación judicial incluye presuntos delitos de resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la cartera nacional sostiene que algunos manifestantes tenían el rostro cubierto, arrojaron piedras y otros objetos contundentes contra efectivos federales y provocaron destrozos en bienes públicos.

El escrito también plantea que los incidentes se produjeron mientras el Congreso debía desarrollar su actividad legislativa y que habrían tenido como objetivo obstaculizar su funcionamiento.

La movilización reclamó el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y terminó con enfrentamientos, detenciones y un despliegue de las fuerzas de seguridad en las calles cercanas al Palacio Legislativo.

25 detenidos y ocho efectivos heridos

Los incidentes dejaron al menos 25 personas detenidas, entre ellas un adolescente de 14 años señalado por arrojar piedras contra un móvil policial en la esquina de Montevideo y Bartolomé Mitre.

Además, ocho integrantes de las fuerzas federales resultaron heridos durante el operativo: cuatro pertenecientes a la Gendarmería Nacional, dos a la Prefectura Naval y dos a la Policía Federal.

El Ministerio de Seguridad informó que recopila fotografías y videos para identificar a quienes habrían participado en las agresiones y los daños, con el objetivo de aportar ese material a la investigación judicial.

El GCBA calculó $90 millones en daños

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estimó preliminarmente en $90 millones los daños registrados en la Plaza del Congreso y sus alrededores.

De acuerdo con la información difundida, los sectores afectados incluyen mobiliario urbano, veredas, canteros y superficies verdes. La evaluación corresponde a los destrozos ocasionados durante la jornada de protesta.

La CPM denunció más de 550 personas afectadas por la represión

En paralelo, la Comisión Provincial por la Memoria cuestionó el accionar de las fuerzas federales y aseguró que más de 550 personas resultaron afectadas por gases lacrimógenos, postas de goma y otros elementos utilizados durante el operativo.

Según el organismo, los efectivos de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal desplegaron gases lacrimógenos, disparos con postas de goma, proyectiles con gas químico, gas pimienta y camiones hidrantes contra quienes participaban de la movilización.

La CPM afirmó que se dispararon más de 120 granadas de gas lacrimógeno y que numerosas personas debieron recibir asistencia en el lugar. Entre los afectados, identificó a 16 integrantes de su equipo de monitoreo, dos miembros del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Ciudad de Buenos Aires, alrededor de 50 trabajadores de prensa y al menos 20 integrantes de organizaciones y puestos sanitarios que asistían a los manifestantes.

El organismo también sostuvo que la intervención policial obligó a adelantar el cierre del acto central, mientras los representantes universitarios hablaban desde el escenario en medio de los gases.

De acuerdo con el comunicado, durante la desconcentración se sumó la Policía de la Ciudad al operativo de dispersión y al menos seis personas fueron detenidas, entre ellas dos adolescentes que, según la CPM, recuperaron rápidamente la libertad.

La Comisión Provincial por la Memoria informó que realizó tareas de monitoreo y asistencia a las víctimas junto con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y el mecanismo local porteño.

Así, la jornada de protesta por el financiamiento universitario quedó marcada por dos líneas de controversia: la denuncia penal impulsada por el Gobierno nacional contra manifestantes señalados por los disturbios y los cuestionamientos de organismos de derechos humanos al accionar de las fuerzas de seguridad.