El Gobierno porteño envió a la Legislatura un proyecto para reformar de manera integral el Código Contravencional de la Ciudad (Ley 1.472) y la Ley de Procedimiento Contravencional (Ley 12). La iniciativa, presentada por el jefe de Gobierno Jorge Macri, propone aumentar multas, días de arresto y tareas de utilidad pública, incorporar nuevas contravenciones y establecer un esquema más severo para quienes reincidan.

El proyecto deberá ser ahora analizado y debatido por la Legislatura porteña. Entre los cambios más relevantes aparecen nuevas sanciones vinculadas con la convivencia urbana, el uso del espacio público, los delitos y engaños digitales, los eventos masivos y distintas conductas que, según la administración porteña, afectan la seguridad y la convivencia.

Entre las nuevas contravenciones se incluye el seguimiento o acecho de personas en la vía pública, la obtención mediante engaños digitales de credenciales como claves, códigos o tokens, la comercialización de datos personales y la organización de compraventas informales de gran escala en el espacio público.

También se incorporan sanciones para quienes porten o distribuyan dispositivos de interferencia de señales, manipulen de manera fraudulenta sistemas de cobro o transporte público, suplanten la identidad de agentes de autoridad o interfieran con dispositivos de videovigilancia.

Uno de los principales cambios es el incremento de las sanciones económicas. El proyecto establece que una Unidad Fija (UF) equivale actualmente a $1.173,08, por lo que los nuevos topes pueden alcanzar varios millones de pesos.

En el caso de los ruidos molestos, por ejemplo, las tareas de utilidad pública pasarían de entre 1 y 5 días a entre 3 y 15 días. La multa máxima subiría de 100 UF a 600 UF, equivalente a unos $703.848, y se incorporaría la posibilidad de hasta 10 días de arresto.

Para quienes conduzcan alcoholizados, la propuesta eleva las multas de un rango actual de 300 a 2.000 UF a entre 1.000 y 6.000 UF, lo que representa más de $7 millones en el máximo. También aumenta el arresto, que podría llegar a 30 días, y extiende la inhabilitación para conducir de un máximo de dos años a cuatro.

Las actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público, entre ellas las vinculadas con la venta informal, también tendrán un aumento significativo. El proyecto fija multas de hasta 50.000 UF, equivalentes a unos $58,6 millones.

La propuesta contempla además sanciones para quienes financien de manera reiterada contravenciones o agrupaciones que las cometan, así como para quienes lleven o distribuyan materiales aptos para provocar disturbios. En este último caso, las multas podrían llegar a unos $9,38 millones, además de hasta 45 días de arresto y el decomiso de los elementos.

Quienes dañen o interfieran con sistemas de videovigilancia pública podrían recibir multas de hasta $4,69 millones o 30 días de arresto, además de la obligación de reparar el dispositivo afectado.

El proyecto modifica también el tratamiento de la reincidencia. La condición ya no estaría limitada a repetir exactamente la misma contravención: también se consideraría reincidente a quien mantenga el hábito de cometer faltas similares en el espacio público.

Para aplicar este esquema se propone crear un Registro de Reincidentes en Contravenciones en el Espacio Público.

Las penas aumentarían progresivamente: un 50% para la primera reincidencia, 66,6% para la segunda y el doble para la tercera. Además, se restringe el cumplimiento del arresto bajo modalidad domiciliaria, salvo excepciones debidamente fundamentadas.

El proyecto establece como ejemplo el caso de los cuidacoches informales que extorsionan a conductores para permitirles estacionar. En caso de reincidencia, el arresto podría pasar de 60 a 90 días.

Otro de los ejes de la reforma es el régimen aplicable a adolescentes de entre 14 y 17 años, en línea con la nueva normativa nacional de Justicia Penal Juvenil que comenzó a regir el mes pasado.

La iniciativa establece responsabilidad contravencional desde los 14 años, aunque bajo un régimen diferenciado del de los adultos. Los adolescentes no podrán ser detenidos y deberán contar con defensa especializada.

Las medidas previstas incluyen amonestaciones formales, acompañamiento de equipos interdisciplinarios, participación en programas educativos, medidas destinadas a sostener la escolaridad, capacitación laboral cuando corresponda, reparación del daño y tareas de utilidad pública adecuadas a la edad y las circunstancias del adolescente.

El objetivo planteado por el proyecto es que las respuestas tengan un carácter de responsabilidad, educación e integración social, con especial consideración del interés del adolescente.

La reforma también modifica las alternativas disponibles para los adultos. El proyecto elimina la condena en suspenso y excluye la suspensión del proceso a prueba como mecanismo alternativo para mayores de edad.

Para los adolescentes, en cambio, se mantiene la posibilidad de probation, condicionada al cumplimiento de reglas de conducta, la reparación del daño y la continuidad escolar.

El plazo general de prescripción de la acción contravencional se mantiene en dos años.

La iniciativa deberá atravesar ahora el tratamiento legislativo antes de convertirse en una modificación efectiva del Código Contravencional porteño. Mientras tanto, el texto presentado por el Ejecutivo propone un cambio amplio del régimen de sanciones, con mayores multas y arrestos, nuevas conductas sancionables y un sistema específico para agravar las consecuencias frente a la reiteración de faltas.