Los detenidos que protagonizaron un motín en la Alcaidía 1 de la calle Lavalle, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires (Comuna 1), serán acusados por robo, privación ilegítima de la libertad y amenazas, lo que podría agravar las penas que cumplen actualmente, informó el Ministerio de Seguridad porteño. El ministro de la cartera, Horacio Giménez, también anunció el cierre temporal de la dependencia y el traslado de todos los internos a otras instalaciones.

El incidente comenzó este jueves al mediodía con una pelea entre presos. Según explicó el funcionario, el conflicto se originó por un problema entre los propios internos y se agravó cuando el personal policial intervino para separar a los involucrados.

De acuerdo con el relato oficial, después de que los efectivos separaran a uno de los detenidos, otros nueve lo increparon. Cuando los policías intentaron restablecer el orden, un subcomisario, un inspector y un oficial mayor fueron tomados como rehenes.

Dos de los efectivos recuperaron rápidamente la libertad, mientras que el oficial mayor permaneció retenido durante el desarrollo del operativo.

“Lo tomaron de rehén para negociar, pero no negociaron nada”, sostuvo Giménez. El ministro agregó que el teléfono celular utilizado por los detenidos pertenecía al oficial retenido y que, durante el episodio, le vaciaron las cuentas. Ese hecho también formará parte de la acusación por robo.

Ante la situación, se conformó un comité de crisis integrado por autoridades del Ministerio de Seguridad, la jefatura de la Policía de la Ciudad, Bomberos y el SAME, con el objetivo de preservar la integridad de los detenidos y del personal policial.

Durante la tarde, con la intervención de representantes de la Fiscalía, se logró liberar al último efectivo retenido y recuperar el control de la dependencia. El operativo fue coordinado por Giménez y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló.

Según el comunicado oficial, no se registraron personas heridas. Tanto los policías como los internos fueron revisados por personal del SAME y, posteriormente, intervinieron médicos legistas para las actuaciones correspondientes.

Giménez señaló que los detenidos no tenían armas blancas y destacó que el personal policial actuó para evitar una posible evasión. También indicó que la prioridad durante las negociaciones fue preservar la integridad de los efectivos.

Como consecuencia del episodio, el Gobierno porteño dispuso el cierre temporal de la Alcaidía 1 de Lavalle y el traslado de todos los detenidos a otras dependencias.

En el operativo participaron efectivos de Alcaidías, la División de Unidad Táctica de Intervenciones en Alcaidías (DUTIA), el Departamento de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM), Cibercrimen, Asuntos Internos, Policía Científica, el Cuerpo de Negociadores, personal comunal, el Cuerpo de Psicólogos, Explosivos, Bomberos y el SAME.

La causa quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Este de la Ciudad, encabezada por el fiscal Federico Tropea. Las actuaciones buscarán establecer las responsabilidades penales de los detenidos por los hechos ocurridos durante el motín.