El Senado de la Nación dio media sanción a una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 que modifica las condiciones para disponer internaciones involuntarias y redefine los mecanismos de intervención ante situaciones de riesgo. El proyecto, aprobado el jueves 29 de octubre con 42 votos afirmativos y 21 negativos, deberá ser tratado ahora por la Cámara de Diputados.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la modificación de los criterios que habilitan una internación sin consentimiento del paciente. La propuesta establece que podrá recurrirse a esta medida cuando exista un riesgo grave para la vida o la integridad física de la persona o de terceros y no resulte posible una alternativa terapéutica ambulatoria.

El texto también modifica el procedimiento para autorizar estas internaciones. En casos de emergencia, un médico podrá disponer la medida y un equipo interdisciplinario deberá revisarla dentro de las 48 horas. La evaluación podrá incluir consultas a distancia con especialistas en psiquiatría.

La intervención judicial continuará formando parte del procedimiento, con la obligación de informar a la Justicia sobre las internaciones involuntarias para que pueda controlar su legalidad y continuidad.

El proyecto incorpora modificaciones en el abordaje de las adicciones. Entre ellas, incluye expresamente problemáticas como la ludopatía dentro de las situaciones que requieren atención en el campo de la salud mental.

También establece pautas específicas para la asistencia de menores de edad. Las internaciones de niños, niñas y adolescentes deberán contar con profesionales especializados en salud mental infantojuvenil y realizarse en espacios diferenciados de los destinados a pacientes adultos.

Otro aspecto contemplado es la planificación de las externaciones. La propuesta prevé que los equipos tratantes elaboren estrategias para el egreso de los pacientes y articulen con familiares o representantes legales las condiciones necesarias para sostener la continuidad de los cuidados.

En relación con el sistema de atención, la iniciativa mantiene la prohibición de crear nuevos establecimientos monovalentes de internación, conocidos como manicomios, y sostiene el esquema de atención en hospitales generales y dispositivos especializados.

Además, incorpora previsiones sobre el financiamiento y la coordinación entre el Estado nacional y las provincias para implementar los cambios previstos.

La reforma generó posiciones contrapuestas entre los legisladores. Quienes respaldaron el proyecto señalaron la necesidad de modificar los criterios de intervención para atender situaciones graves en las que, según argumentaron, el marco vigente presenta dificultades para actuar oportunamente.

Desde sectores opositores, en cambio, advirtieron que los principales problemas de la política de salud mental están relacionados con la falta de presupuesto, infraestructura y equipos profesionales para desarrollar el modelo de atención comunitaria establecido por la ley actual.

Con la aprobación del Senado, la iniciativa deberá atravesar el debate en Diputados. Si obtiene el respaldo de esa cámara, se convertirá en una modificación de la Ley Nacional de Salud Mental sancionada en 2010.