El año pasado un grupo de vecinos presentó un amparo.

La fiscalía anticipó que hará un pedido de ampliación de la calificación legal con el agravante de violencia de género en forma de violencia política.

Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo están acusados de “homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas agravado por el uso de arma de fuego”.

Es la ampliación de una denuncia radicada en diciembre de 2022 contra las autoridades nacionales.

"La resolución de la jueza Servini confirma que las detenciones de quienes protestaban contra la Ley Bases fueron al voleo y que el fiscal inventó un intento golpe de Estado a medida de los intereses del gobierno nacional", aseguró el CELS.

“Estamos reclamando en causas civiles, que van paralela a la penal porque los daños económicos se reclaman en esa instancia, a todos los que queden detenidos y procesados. Lo vamos a hacer lleve el tiempo que lleve”, expuso el jefe de Gobierno.

La Cámara de Apelaciones revocó una cautelar dispuesta a fines de mayo por la jueza Liberatori.

"Se determinó la violación al derecho a la verdad por las múltiples falencias del Estado en la determinación de la verdad histórica sobre el atentado y su responsabilidad directa en las maniobras de encubrimiento", expuso la CIDH.

“Hay un uso abusivo del derecho penal para criminalizar manifestantes”, expuso el CELS.

El miércoles 19 de junio el juez Pablo Casas homologará o no un acuerdo entre este escalador con la fiscalía.