El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires avanzó en la estructuración de la próxima licitación pública del Servicio de recolección, traslado y procesamiento de residuos sólidos urbanos secos. A través de la Resolución N° 53/SECH/26 de la Secretaría de Higiene, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, se unificaron las condiciones operativas que regirán el sistema por un período base de dos años.

En el marco del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este llamado abre una instancia de consulta pública de diez días hábiles bajo el régimen de la Ley Número 2.095. El nuevo esquema propone un modelo logístico integrado que incluye control digital por GPS, seis servicios obligatorios y una tolerancia del veinte por ciento de descarte de material.

El pliego organiza la geografía porteña en seis zonas operativas basadas en los límites comunales. Para el procesamiento de los materiales, el gobierno pondrá a disposición una red de nueve Centros de Reciclado estatales. Las empresas prestatarias recibirán una dotación inicial de camiones propiedad de la ciudad, pero deberán complementarla con vehículos propios a su exclusivo cargo.

La Zona A, que abarca las Comunas 1 y 4, recibirá diez camiones y operará con los Centros de Reciclado Barracas y Cortejarena. La Zona B comprende las Comunas 2 y 14, contará con doce camiones y utilizará el Centro de Reciclado Saavedra. La Zona C, correspondiente a las Comunas 12 y 13, tendrá cinco vehículos asignados y los centros de Núñez y Constituyentes.

Por su parte, la Zona D incluye las Comunas 11 y 15, dispondrá de seis camiones y el Centro de Reciclado Balbastro. La Zona E agrupa a las Comunas 7, 8, 9 y 10, contará con seis camiones y los centros de Chilavert y Corrales. Finalmente, la Zona F cubrirá las Comunas 3, 5 y 6 con once camiones y el Centro de Reciclado Varela.

Las prestatarias deberán ejecutar de manera integrada seis prestaciones fundamentales de carácter obligatorio. La primera es la recolección puerta a puerta para generadores individuales, coordinada con recuperadores urbanos, con una frecuencia mínima de dos visitas semanales por cada vecino registrado en el padrón oficial de la zona.

La segunda prestación es el servicio para generadores especiales, dirigido a grandes comercios, industrias, hoteles y hospitales, con una frecuencia base de tres veces por semana. La tercera consiste en la recolección en Puntos Verdes instalados en plazas y espacios públicos, cuyo vaciado debe realizarse al menos dos veces por semana o cuando se detecte el llenado de las estructuras.

La cuarta prestación obliga a las plantas a recibir el material de la contenerización verde pública general. La quinta es el procesamiento dentro de los centros de reciclado, que incluye pesaje, clasificación, compactación y enfardado. En esta etapa se fija una tolerancia máxima del veinte por ciento mensual de material de descarte; cualquier exceso deberá justificarse mediante declaración jurada.

La sexta prestación es el servicio de promoción ambiental, que exige un equipo mínimo de cuatro promotores por zona para tareas de concientización y educación ciudadana. Para garantizar la idoneidad del personal afectado a esta tarea, los promotores deberán rendir una evaluación técnica anual obligatoria ante el gobierno local.

El pliego regula detalladamente el acopio transitorio en bolsones en la vía pública para agilizar la logística. Se establece la regla de las tres horas como plazo máximo permitido para que un bolsón permanezca en la calle. Estos elementos deberán colocarse en posición vertical, alineados al cordón, con un límite de seis unidades por parada y a un mínimo de cinco metros del contenedor de basura convencional más cercano.

En materia tecnológica, el control estatal será automatizado y permanente. Toda la flota de camiones, tanto la provista por el gobierno como la complementaria aportada por las empresas, deberá contar con dispositivos GPS activos y sistemas de telemetría. Estos equipos transmitirán los recorridos en tiempo real para la auditoría y certificación digital de las rutas.

Respecto a las plantas de tratamiento, el Estado mantendrá a su cargo el mantenimiento integral de los edificios y de la maquinaria pesada móvil que provea, como autoelevadores y palas cargadoras. No obstante, los oferentes tienen la opción de utilizar instalaciones de procesamiento de su propiedad, quedando en ese caso la conservación y reparación bajo su exclusiva responsabilidad.