Jorge Macri ratificó la licitación de los medios públicos porteños pese a las advertencias del ENACOM
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, defendió la iniciativa al sostener que la gestión privada evitará costos para el Estado, mientras el ENACOM advirtió ante la Justicia que la medida podría ser ilegal y trabajadores denuncian una privatización encubierta de los medios públicos de la Ciudad.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, confirmó este miércoles que su gestión avanzará con el proceso de licitación para el gerenciamiento operativo de los medios públicos porteños, en medio de cuestionamientos judiciales y objeciones del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
“Vamos a avanzar con la licitación del gerenciamiento operativo de la TV y Radio de la Ciudad. No es momento para financiar con los impuestos de los porteños algo que puede gestionar el sector privado sin costarle un peso a los vecinos”, expresó el mandatario en sus redes sociales.
La iniciativa impulsada por la administración porteña contempla la concesión por cinco años de Canal de la Ciudad, AM 1110 La Once Diez y FM 92.7 La 2×4, mediante un esquema de gestión privada a cambio de un canon millonario. El Gobierno sostiene que el objetivo es modernizar y profesionalizar el funcionamiento de los medios sin afectar su rol cultural y de servicio público.
Sin embargo, el proceso abrió un fuerte conflicto político y judicial. El Ente Nacional de Comunicaciones advirtió ante la Justicia que la concesión “colisiona” con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, particularmente con el principio de “indelegabilidad” de las licencias audiovisuales. Según el organismo, la explotación de las señales debe ser realizada directamente por su titular y no transferida a privados.
La presentación del ENACOM fue incorporada a una causa judicial que tramita en el fuero contencioso administrativo federal, donde trabajadores de los medios públicos reclaman una cautelar para frenar la licitación. Los sindicatos y empleados denuncian que la medida constituye una “privatización encubierta” y advierten sobre posibles riesgos para la continuidad laboral y el acceso público a contenidos culturales e informativos.







