El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció un endurecimiento de las sanciones contra quienes falsifiquen, adulteren o utilicen de manera irregular los carteles de reserva de estacionamiento para personas con discapacidad. La medida prevé multas económicas, la suspensión preventiva de la licencia de conducir, denuncias penales en los casos que correspondan y el recupero de los costos de remoción de la señalización.

Según informó la administración porteña, la decisión forma parte de las acciones de ordenamiento del espacio público. En lo que va de 2026, la Secretaría de Tránsito retiró más de 400 carteles de estacionamiento reservado que presentaban distintas irregularidades, entre ellas permisos adulterados, falsificados, vencidos o emitidos a nombre de personas fallecidas.

El nuevo protocolo establece que, cuando los inspectores detecten una señalización irregular, el cartel será retirado de inmediato. Si existen indicios de falsificación o adulteración, el caso será denunciado ante el Ministerio Público Fiscal para que se investigue la posible comisión de un delito. Antes del inicio de una causa penal, el presunto infractor podrá presentar un descargo.

En paralelo, las áreas competentes iniciarán el procedimiento para suspender preventivamente la licencia de conducir de la persona involucrada. Además, quien haya colocado o modificado de manera deliberada la señalización deberá afrontar los gastos derivados del operativo de remoción del cartel y de la reparación o repintado del cordón.

La normativa también prevé sanciones económicas. Quienes exhiban certificados o credenciales de discapacidad inexistentes o que no cumplan con la reglamentación podrán recibir multas de hasta $200.000. En tanto, la instalación de señales de tránsito sin autorización o la modificación o destrucción de la señalización vial podrá ser sancionada con multas de hasta $100.000.

Desde el Gobierno porteño señalaron que el objetivo es evitar la ocupación indebida del espacio público y garantizar que las reservas de estacionamiento sean utilizadas exclusivamente por las personas con discapacidad que tienen derecho a ellas.

Como parte de las medidas, el Ejecutivo enviará a la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley para modificar el Código Contravencional e incorporar como contravención específica la falsificación o adulteración de carteles de estacionamiento destinados a personas con discapacidad.

Antes de la aplicación plena del nuevo régimen, la Ciudad otorgará un plazo de 20 días corridos desde la entrada en vigencia del decreto para que quienes ocupen espacios no autorizados o cuenten con permisos vencidos o datos desactualizados regularicen voluntariamente su situación a través del sistema de Trámites a Distancia (TAD) o mediante el correo electrónico habilitado por la administración porteña.