La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció este jueves la implementación de un protocolo contra los piquetes que “va a ser coordinado con la Ciudad de Buenos Aires”. “Se empleará la fuerza suficiente y será graduada en función de la resistencia”, alertó. Enviará al Congreso un proyecto de Ley.

“Toda persona que esté en la vereda no va a tener problemas”, dijo Bullrich. “No queremos cortes de calles, de rutas en el caso de jurisdicción federal. Ahora están viniendo las autoridades de CABA para tener una reunión para trabajar en conjunto temas de seguridad y orden público”.

La Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional (GN), Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) -las cuatro fuerzas federales- tendrán permiso para intervenir en caso de bloqueo de caminos o protestas que obstaculicen, total o parcialmente, la circulación ciudadana.

También podrán intervenir miembros del Servicio Penitenciario Federal, ya que esta área pasó de Justicia a Seguridad con el cambio de Gobierno.

Habrá tareas preventivas en estaciones de trenes y demás sitios específicos. “Aquellas personas que vayan con materiales serán incautados: palos, caras tapadas o formas para no ser reconocidos”, adelantó.

“No queremos que usen a los niños como escudos. Los niños que deben estar en la escuela. El primer responsable es quien los lleva”, resaltó y advirtió graves penas para quienes lleven menores a marchas.

“Las fuerzas podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes, si hay un delito infraganti, de acuerdo a la ley de flagrancia”, informó la funcionaria.

Esto ocurrirá en caso de detenciones: “Los datos de los autores, partícipes, cómplices o instigadores será remitidos a las autoridades competentes . Se le dará aviso al juez competente en caso de daño ambiental, algo que sucede es la quema de cubiertas que genera una situación dañina al ambiente y a la gente”.

Consecuencias para ellos: “Por todos los costos vinculados a los operativos de seguridad, se les enviará la factura las organizaciones o a los individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad. Tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos. En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria, se mandará la información a la Dirección Nacional de Migraciones”.