El legislador porteño Juan Manuel Valdés (Frente de Todos) presentó un proyecto de Ley para crear el Fondo Fiduciario Público para el hábitat sostenible en la Ciudad de Buenos Aires.

Según la propuesta, este organismo buscará “desarrollar proyectos, programas y/u otras políticas públicas que brinden soluciones habitacionales a través de”: “Programas de creación y/o adquisición de viviendas sociales y/o asequibles para ser destinadas a planes de vivienda en zonas consolidadas del tejido urbano dentro de la lógica de Ciudad Compacta. Programas de creación y/o adquisición de viviendas asequibles para ser destinadas a alquiler. Proyectos urbanísticos que impulsen la mixtura de usos en las diferentes zonas de la Ciudad de Buenos Aires. Proyectos urbanísticos que impulsen la creación de infraestructura necesaria para equilibrar la calidad de vida urbana en la Ciudad de Buenos Aires. Todo otro proyecto que se enmarque en el primer párrafo del presente artículo”.

Así se busca habilitar al Poder Ejecutivo “para emitir deuda bajo la forma de “bonos verdes, sociales y/o sustentables (Bonos SVS)” a través del Banco Ciudad para conformar el Fondo Fiduciario Público para el hábitat sostenible. Los recursos resultantes de la emisión de bonos “podrán tener como garantía de repago el flujo de fondos que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires percibe del Estado Nacional bajo el régimen de Coparticipación Federal de Impuestos”.

La defensa indica: “Si bien muchas ciudades del país se encuentran en estado de emergencia con respecto al acceso a la vivienda, la situación en Ciudad de Buenos Aires es crítica. Este es el caso específico del mercado de alquileres. En el caso de la ciudad formal (es decir, la Ciudad que se desarrolla a partir medios regulatorios formales como códigos, reglamentos, etc.), mientras que para el año 2003 los hogares inquilinos representaban el 20,2%, para el cuarto trimestre del 2021, este valor alcanza 33,8%. Asimismo, se observa una reducción de propietarios de vivienda, que pasó de 68,1% del total hogares en el año 2003 a 58,7% en el cuarto trimestre del 20211 . Existen también otros tipos de vivienda en alquiler, tales como los conventillos, inquilinatos y hoteles-pensión que, mayormente, son utilizados por personas con ingresos informales, siendo el sector más vulnerable de la sociedad . Este tipo de alquiler representó, para el año 2021, el 2,5% de las viviendas de la Ciudad, abarcando más de 30 mil personas”.

“Por otro lado, los alquileres en los barrios populares (la ciudad informal), se han extendido como alternativa de acceso a la ciudad en las últimas décadas. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el porcentaje de viviendas alquiladas en los barrios populares es seis veces superior (18%) con relación al promedio nacional. Por ejemplo, en Barrio Padre Ricciardelli (ex Villa 1-11-14), el estado se agrava debido a que el 40% de las familias son inquilinas. De esta manera, se advierte que el alquiler en barrios populares tiene un anclaje sustancialmente mayor en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en el resto del país. Con respecto a las características sociodemográficas de los hogares que habitan las viviendas alquiladas en estos barrios, según RENABAP, el 61% de los hogares tienen una mujer como responsable y, en promedio, los jefes y jefas de hogar tienen 36 años”, se menciona.

También se plantean estas problemáticas vigentes: “Por otra parte, hay un factor primordial que impacta en la crisis habitacional, se trata de la tensión producida por el mercado de alquileres temporarios, ya que muchos propietarios destinan su propiedad a esta modalidad por mayor rendimiento. Según la plataforma de datos abiertos Inside Airbnb2 la oferta de este tipo de alquileres en 2019 fue de 11.848 viviendas completas, mientras que en julio de 2023 el número ascendió a 23.556 unidades, es decir un incremento del 50%. El aumento de este tipo de arrendamiento implica un descenso en la oferta disponible para el alquiler permanente, agravando la emergencia habitacional existente. Desde un punto de vista integral, diversos estudios han mostrado cuál es el déficit habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, no sólo relacionándolo son el mercado de alquiler, sino su correlación con viviendas vacías. Una visión global permite notar que las metrópolis sufren el efecto de la financiarización de la vivienda, al ser considerada una inversión, omitiendo su función social, es decir, que provea a los ciudadanos condiciones de seguridad y dignidad”.

También se menciona sobre datos del presupuesto de CABA: “es fundamental estimar los montos no ejecutados en el período 2008- 2019: a valores corrientes, el GCBA omitió ejecutar AR$ 5.303 millones de los fondos asignados por las leyes de presupuesto para la función Vivienda. Corregida por inflación a valores de 2019, esta suma ascendería a AR$ 23.701 millones, es decir, 1,79 veces el presupuesto ejecutado para el año 2019 y 2,10 veces lo presupuestado para 2020”.

“La sub-ejecución presupuestaria, la complejidad macroeconómica y la magnitud de la crisis habitacional exhorta a que el Estado intervenga con diversas opciones de financiamiento. Una de ellas y la elegida para este proyecto de ley, es la emisión de bonos sociales para vivienda asequible. Los mismos son definidos como “bonos cuyos recursos serán exclusivamente utilizados para financiar o refinanciar, en parte o en su totalidad, proyectos sociales elegibles, ya sea nuevos o existentes y que estén alineados con los cuatro componentes principales de los SBP7 : Principios de los Bonos Sociales”. (CNV, 2017) Ellos son: utilización de los fondos; evaluación de proyectos: destinados a proyectos con beneficios sociales, incluyendo, sin limitarse, a: acceso a la infraestructura, seguridad alimentaria y vivienda asequible; gestión de los fondos; y sección de Informes que den cuenta sobre el proceso”, resalta este proyecto.