La legisladora porteña Victoria Freire presentó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo brinde detalles sobre el intento de desalojo y demolición del inmueble ubicado en Carlos F. Melo 580, en el barrio de La Boca (Comuna 4). La iniciativa solicita que, una vez aprobada, la información sea remitida dentro de los 30 días a través de los organismos competentes.

El proyecto requiere precisiones sobre distintos aspectos del procedimiento llevado adelante en ese inmueble. Entre los puntos centrales, se solicita que el Ejecutivo informe la titularidad o posesión actual del edificio y, en caso de tratarse de un bien público, si su uso es público o privado y qué organismo tiene a su cargo su administración.

Además, el pedido de informes busca conocer el origen de la notificación de desalojo, detallando si el requerimiento ingresó a través del Centro Único de Coordinación y Control (CUCC), la Línea 103, una orden judicial, la solicitud de otras áreas del Gobierno porteño u otro canal habilitado. También se requiere que se informe el número de expediente correspondiente al caso.

Otro de los ejes del proyecto apunta a esclarecer el protocolo de actuación aplicado en este tipo de intervenciones, indicando la normativa que lo regula. En ese marco, la legisladora solicita que, en caso de haberse cumplido con el protocolo vigente, se detallen las medidas adoptadas, las áreas intervinientes y las evaluaciones técnicas previas realizadas antes de la demolición.

El pedido incluye, además, información sobre posibles inspecciones, intimaciones u otras actuaciones administrativas previas respecto del inmueble, junto con la documentación respaldatoria. En el plano social, se solicita que el Ejecutivo informe la cantidad de familias desalojadas, su composición familiar y si se les otorgó algún tipo de subsidio habitacional o acceso a programas de vivienda, detallando la solución brindada en cada caso.

Por último, el proyecto requiere que se informe el destino o utilidad futura del inmueble, especificando si el uso previsto será público o privado.

En los fundamentos, Freire señala que el pedido surge de la necesidad de conocer en detalle cómo se desarrollan este tipo de procedimientos en el barrio de La Boca, en un contexto marcado por una situación habitacional crítica que, según advierte, se viene profundizando en la Ciudad. En ese sentido, plantea que estas intervenciones deben ser abordadas de manera integral, con personal capacitado y con políticas que contemplen el acceso al derecho a la vivienda, reconocido en diversos tratados internacionales de derechos humanos a los que adhiere la Argentina.

El texto del proyecto también cita datos oficiales y de organismos de control que dan cuenta del déficit habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo la existencia de barrios populares con servicios precarios, el crecimiento de la población en situación de calle y los niveles de hacinamiento en viviendas colectivas. Según se menciona, más de 500.000 personas presentan algún tipo de déficit habitacional en el distrito.

En ese marco, la legisladora sostiene que resulta clave contar con información clara y precisa sobre los desalojos y demoliciones para poder anticipar soluciones habitacionales dignas y definitivas, y para fortalecer el diseño y la ejecución de políticas públicas en materia de vivienda. El proyecto quedó a consideración de la Legislatura para su eventual aprobación.