El fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3, solicitó que el cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina Héctor Jesús Guerrero sea llevado a juicio oral por su presunta responsabilidad en el disparo que hirió gravemente al reportero gráfico Pablo Nahuel Grillo durante una manifestación ocurrida en marzo de 2025 frente al Congreso de la Nación Argentina.

Según el requerimiento fiscal, Guerrero deberá responder por los delitos de lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función como integrante de una fuerza de seguridad y abuso de armas agravado, en cinco oportunidades.

El hecho investigado ocurrió el 12 de marzo de 2025, durante una protesta en defensa de los derechos de los jubilados que derivó en incidentes y en un operativo de fuerzas de seguridad. De acuerdo con la acusación, el gendarme efectuó varios disparos con una pistola lanza gases en forma antirreglamentaria, en posición horizontal, sin que existiera una situación de agresión que lo justificara.

Uno de esos proyectiles impactó en la cabeza de Grillo, quien se encontraba trabajando como fotorreportero en la cobertura de la manifestación. El impacto le provocó fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica, lo que obligó a su inmediata internación en el Hospital Ramos Mejía y a múltiples intervenciones quirúrgicas. El fiscal advirtió que las secuelas incluyeron un severo deterioro cognitivo y posibles incapacidades permanentes.

En su presentación, Taiano sostuvo que el imputado, integrante de la Sección de Empleo Inmediato del Destacamento Móvil 6, contaba con formación y capacitación suficiente para conocer los protocolos de uso de la fuerza y del armamento reglamentario. Sin embargo, concluyó que se apartó de esas normas al realizar disparos “de manera desproporcionada e irracional”.

La fiscalía también remarcó que, al momento del hecho, no existía una amenaza actual o inminente por parte de los manifestantes, quienes —según la reconstrucción del caso— se encontraban en retirada. En ese contexto, consideró que el accionar del acusado violó los principios de necesidad y proporcionalidad.

El expediente se apoya en peritajes, registros audiovisuales y documentación incorporada a la causa, además de una decisión previa de la Cámara Federal que confirmó el procesamiento del gendarme y destacó la existencia de múltiples pruebas sobre su intervención.

Taiano descartó además el argumento de la defensa respecto de la falta de intención de causar daño, al sostener que la capacitación del imputado le permitía conocer los riesgos de su accionar. En ese sentido, afirmó que Guerrero “se representó la posibilidad de producir un resultado lesivo y aun así continuó con su conducta”.

Finalmente, el fiscal concluyó que el uso de la fuerza fue ilegítimo y excesivo, y que la protesta pacífica constituye un derecho que solo puede ser limitado en situaciones excepcionales.