El operativo implicó el desalojo de alrededor de 5.000 vendedores informales que se instalaban principalmente los fines de semana.

Durante la recorrida se detectaron múltiples irregularidades, entre ellas la presencia de estructuras apoyadas sobre muros no preparados para soportar cargas, ausencia de elementos de sostén adecuados y un evidente deterioro general.

Autoridades de la UBA y representantes de los hospitales Lanari, Roffo y Clínicas advirtieron que la falta de fondos nacionales compromete la atención médica y podría interrumpir servicios en pocas semanas.

Legisladores opositores reclaman detalles sobre el operativo en Barzana al 1200, donde había familias y menores de edad. Cuestionan la falta de información oficial, los tiempos de ejecución y las medidas de protección adoptadas tras el procedimiento.

Entre los servicios disponibles durante la semana se incluyen la gestión de DNI y pasaporte —con cupos limitados—, vacunación contra la gripe y el Covid, control de presión arterial y asesoramiento en trámites de organismos como AGIP, ANSES y SUBE.

La protesta se hará el sábado 9 de mayo desde las 14 en la Plaza Malaver.

Otro de los ejes del pedido apunta a determinar si la actividad tuvo carácter obligatorio y si las autoridades escolares y docentes recibieron información previa sobre el contenido del evento, los oradores y los temas abordados.

El operativo se realizó en una vivienda ocupada ilegalmente desde hace más de 15 años, donde funcionaba un taller sin habilitación y se detectó trabajo infantil. Intervinieron la Justicia, organismos de control y Migraciones.

Los recursos serán administrados por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires para el fondo educativo.

El gremio sostiene que el despido está vinculado a una denuncia por acoso, mientras que Emova lo atribuye a incumplimientos laborales.