El Gobierno porteño restringió el ingreso, traslado y acopio de materiales de construcción en La Carbonilla, en La Paternal (Comuna 15), como había adelantado Pura Ciudad, y clausuró dos corralones ubicados sobre Manuel Trelles al 2600, con el argumento de frenar el crecimiento de edificaciones en altura y prevenir riesgos estructurales. La medida generó cuestionamientos en la Legislatura, donde se presentaron proyectos para repudiar el operativo y exigir información sobre los controles realizados.

La intervención se desarrolló el 11 y 12 de agosto e involucró a más de 100 agentes de la Policía de la Ciudad y equipos de Desarrollo Humano, la Agencia Gubernamental de Control (AGC), el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), Fiscalización, Higiene y la Comuna 15. Según informó el Gobierno porteño, también se controlaron los accesos, se retiraron vehículos abandonados y se inspeccionaron comercios.

La decisión se encuentra respaldada por la Resolución N.º 472/IVC/26, que establece restricciones preventivas sobre el ingreso, traslado y acopio de materiales dentro del barrio. El objetivo oficial es evitar que sean utilizados para nuevas construcciones, ampliaciones o intervenciones no autorizadas. La medida contempla además la elaboración de un protocolo específico para registrar, controlar y autorizar el ingreso de materiales.

La Ciudad argumenta riesgo por el crecimiento en altura

El Gobierno porteño sostiene que La Carbonilla atraviesa un proceso de crecimiento vertical que genera preocupación por las condiciones de seguridad y el nivel de ocupación de las estructuras.

Según un relevamiento de la Dirección General de Abordaje Territorial en Barrios Populares sobre la evolución del asentamiento entre 2021 y 2025, se detectaron nuevas construcciones sobre edificaciones existentes. Las alturas registradas van desde unos tres metros hasta casos de 12 y 20 metros.

La Carbonilla se encuentra entre las calles Perú, Manuel Trelles, Añasco y Espinosa, junto a las vías del ferrocarril San Martín. El asentamiento comenzó a formarse hacia fines de 2001 y, de acuerdo con la información oficial, su población superó las 4.000 personas.

Jorge Macri defendió el operativo y sostuvo que el objetivo es evitar que continúen las construcciones que, según la Ciudad, no cumplen con las normas urbanísticas. La administración porteña anticipó además que los controles tendrán continuidad y que se extenderán a otras actividades consideradas irregulares dentro del barrio.

El esquema toma como antecedente las medidas implementadas en la Villa 31, donde la Ciudad informó que clausuró seis corralones ilegales, 25 edificaciones no permitidas y demolió diez de ellas, además de retirar chatarra equivalente a 40 camiones.

Dos proyectos en la Legislatura cuestionan el operativo

La intervención generó una respuesta de distintos bloques opositores en la Legislatura porteña.

El expediente 2484-D-2026, presentado por Victoria Freire junto con María Bielli, Francisco Caporiccio, Andrea González, Berenice Ia­ñez, Andrés La Blunda, Federico Mochi, Juan Pablo Modarelli, Claudia Neira y Alejandro Salvatierra, propone que el cuerpo exprese su “más enérgico repudio” al operativo realizado en La Carbonilla.

Los autores sostienen que el despliegue policial fue desproporcionado y que habría afectado derechos y bienes de los habitantes, especialmente el derecho al trabajo. También cuestionan que los procedimientos se hayan realizado sin exhibir, según afirman, órdenes judiciales o administrativas que los justificaran.

El proyecto sostiene además que se habrían decomisado insumos y herramientas que no están prohibidos y cuestiona el modo en que se implementaron los controles.

Piden conocer qué se decomisó y bajo qué reglas

En paralelo, el expediente presentado por Alejandro Salvatierra y acompañado por otros 12 legisladores plantea un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la Resolución N.º 472/IVC/26 y los operativos de los días 11 y 12 de agosto.

El proyecto solicita copias de los informes técnicos utilizados por el IVC para determinar la existencia de “riesgos estructurales críticos” y “saturación de redes”, así como la documentación incorporada al expediente administrativo.

También reclama que se informe qué metodología y relevamientos se utilizaron para llegar a esas conclusiones y cuándo estará disponible el protocolo que regulará el ingreso de materiales.

Entre las preguntas dirigidas al Ejecutivo se encuentra cómo deberán acreditar los vecinos que los materiales que ingresan al barrio están destinados a reparaciones urgentes, mantenimiento indispensable, emergencias o cuestiones de salubridad.

El pedido también exige detalles sobre eventuales retenciones de camiones y fletes en los accesos, los plazos para autorizar el ingreso de materiales y las dependencias que estarán a cargo de recibir las solicitudes.

El pedido abarca detenciones, decomisos y facultades policiales

Los legisladores solicitaron además que la Ciudad informe todas las acciones realizadas durante los operativos, incluyendo posibles detenciones, incautaciones, confiscaciones, demoliciones u otras intervenciones.

En caso de que se hayan producido decomisos, el proyecto pide conocer la cantidad de actas labradas, el tipo y volumen de materiales retenidos y el destino que se les asignó.

También busca determinar qué dependencias de la Policía de la Ciudad y qué inspectores participaron de los puestos de control y bajo qué marco normativo actuaron, incluyendo si contaban con facultades para requisar o decomisar materiales.

El debate también apunta a la política habitacional

El pedido de informes plantea además una discusión sobre las condiciones habitacionales del asentamiento. Solicita al Ejecutivo que detalle las obras de infraestructura, tendido de servicios básicos y mejoras habitacionales realizadas por el IVC en La Carbonilla durante 2024, 2025 y hasta la actualidad, junto con el presupuesto asignado y ejecutado.

También pregunta qué medidas prevé implementar la Ciudad para atender las necesidades habitacionales vinculadas con el crecimiento poblacional del barrio y si el régimen de restricción y control de materiales será extendido a otros barrios populares.

Los autores sostienen que la respuesta al crecimiento de las construcciones no debería limitarse al control de materiales, sino incluir políticas de urbanización, regularización, infraestructura y mejoramiento habitacional.

De esta manera, el operativo en La Carbonilla abrió una discusión política en la Legislatura sobre el equilibrio entre el control de construcciones irregulares y las obligaciones estatales en materia de vivienda y hábitat. Mientras el Gobierno porteño sostiene que busca prevenir riesgos y frenar un crecimiento edilicio que considera inseguro, los proyectos opositores reclaman información sobre los fundamentos técnicos, los procedimientos utilizados y las condiciones en las que se aplican las restricciones.