El decreto de “Prioridad porteña” firmado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, abrió un fuerte cruce con la provincia de Buenos Aires, que salió a cuestionar la medida por considerar que discrimina a los bonaerenses.

La iniciativa, oficializada a través del Decreto 142/26 como había adelantado Pura Ciudad, establece que los residentes de la Ciudad tendrán prioridad al momento de acceder a turnos, vacantes y otros servicios en dependencias públicas porteñas. Según el Ejecutivo local, se trata de una ampliación de un criterio que ya regía en el sistema de salud.

Desde el Gobierno porteño sostuvieron que la medida “no suprime ni restringe el acceso a los servicios”, sino que “establece un orden de atención en el marco de la gestión administrativa, con criterios de razonabilidad y proporcionalidad”, priorizando a quienes viven y tributan en la Ciudad. Además, aclararon que no se aplicará en casos de urgencias sanitarias, donde la atención seguirá siendo inmediata y sin distinción.

Al defender la decisión, Macri afirmó: “Firmé un decreto para darle fuerza legal a una política que ya aplicamos en salud: prioridad para los porteños. Desde ahora, cada área y cada servicio del Gobierno de la Ciudad va a funcionar con ese criterio”.

La respuesta desde la provincia no tardó en llegar. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cuestionó con dureza la medida y la calificó como “fascista, demagoga y de fortaleza con los débiles”.

En esa línea, el funcionario de la gestión de Axel Kicillof advirtió sobre la interdependencia entre ambas jurisdicciones y puso como ejemplo la disposición final de residuos: “Tendrá que buscar adónde disponer sus residuos”, lanzó.

Bianco recordó que desde 1977 la Ciudad no realiza la disposición final de sus desechos en su propio territorio y que estos son tratados en predios ubicados en la provincia, como el complejo Norte III del CEAMSE, en el partido de San Martín. “No se le cobra un pasivo ambiental a la Ciudad y eso amerita una valorización”, planteó, al tiempo que se preguntó cuánto dejó de percibir la provincia por ese rol.

El ministro también cuestionó el impacto territorial de esa dinámica: “Gran parte de esos residuos han impedido que terrenos productivos puedan ser utilizados para otros fines”, sostuvo, y contrastó que esa situación permitió la valorización de tierras en la Ciudad.

Mientras tanto, desde el Gobierno porteño remarcaron que la medida apunta a “ordenar y cuidar” los recursos públicos, en un contexto en el que, según datos oficiales, solo en 2025 el sistema de salud realizó más de 30 millones de prestaciones.

El decreto también establece que la Jefatura de Gabinete coordinará su implementación en todas las áreas del Gobierno, con el objetivo de aplicar de manera uniforme el criterio de prioridad para residentes en los distintos servicios estatales.