El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevó adelante un operativo para recuperar cinco propiedades que habían sido usurpadas hace más de 26 años en el barrio de Villa General Mitre (Comuna 11), proceso que finalizó con cuatro detenidos y situaciones de tensión. Con este procedimiento, ya son 700 los inmuebles restituidos a sus legítimos dueños durante la actual gestión.

Las viviendas, ubicadas entre las calles San Blas al 1900 y Andrés Lamas al 2000, habían sido tomadas en el año 2000. Según informaron fuentes oficiales, presentaban graves problemas estructurales y eran señaladas por los vecinos como un “aguantadero”. La Guardia de Auxilio había clausurado previamente los PH por riesgo de derrumbe.

El caso contaba con una sentencia firme de desalojo desde 2009. La fiscal Nancy Haron avaló el procedimiento que permitió el ingreso de la Policía de la Ciudad para concretar la restitución de las propiedades.

Durante el operativo, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó la política de recuperación de inmuebles usurpados y remarcó la importancia del respeto a la propiedad privada. “Recuperamos 700 propiedades y se las devolvimos a sus dueños: bienvenidos a la Ciudad de los porteños de bien”, sostuvo. Además, afirmó que la gestión busca “terminar con las usurpaciones, respetar la propiedad privada y ordenar el espacio público”.

El mandatario también se refirió a la complejidad del procedimiento: “Este fue un desalojo complejo, con muchos delincuentes viviendo adentro, gente con antecedentes que el propio barrio pedía que los saquemos”.

En el lugar se registraron cuatro detenidos: tres hombres acusados de atentado y resistencia a la autoridad y una mujer por lesiones contra una agente policial.

Según se informó, la toma estaba liderada por Diego Molina, quien fue condenado en 2021 por el delito de profanación de cadáver humano. También se indicó la participación de otro ocupante con vínculo sindical.

Durante el operativo, la Red de Atención del Gobierno porteño realizó un relevamiento de las personas que se encontraban en el interior de las viviendas para ofrecerles asistencia habitacional.

Las cinco propiedades pertenecen a un mismo dueño y cuentan con un extenso historial de conflictos judiciales. El origen de la ocupación se remonta a fines de la década de 1990, cuando una empleada fue autorizada a residir en el lugar y posteriormente terceros ingresaron de manera ilegal.

Desde el Ejecutivo porteño remarcaron que la política de recuperación de inmuebles incluye casos emblemáticos como la Casa Blaquier, la “Casona” de Costanera Sur y distintos edificios históricos que estuvieron ocupados durante décadas.

Además, se anunció que en uno de los predios recuperados —ubicado en avenida La Plata al 2200— se construirá un edificio de viviendas destinado a sectores medios y efectivos de la Policía de la Ciudad, con financiamiento del Instituto de la Vivienda y créditos del Banco Ciudad.