La Oficina del Presidente de la Nación celebró este jueves la aprobación definitiva en el Congreso de la reforma a la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Según el comunicado oficial, la modificación busca “precisar” el alcance de la norma vigente, otorgar mayor seguridad jurídica y fortalecer el rol de las provincias en la administración de sus recursos naturales.

El miércoles durante el tratamiento hubo incidentes y represión policial en los alrededores del Congreso: fuerzas porteñas detuvieron a una persona.

Desde el Ejecutivo sostienen que la reforma introduce criterios científicos más claros para definir qué áreas deben ser protegidas, manteniendo la preservación de glaciares y geoformas con funciones hídricas. Al mismo tiempo, habilita la posibilidad de desarrollar actividades mineras en zonas que, de acuerdo con evaluaciones técnico-científicas provinciales, habrían sido previamente clasificadas de manera incorrecta como áreas protegidas.

El comunicado también cuestiona la redacción original de la ley, al considerar que generaba “interpretaciones absurdas” que impedían la actividad minera incluso en territorios sin valor glaciar. En ese sentido, el Gobierno argumenta que la normativa anterior entraba en tensión con el artículo 41 de la Constitución Nacional, que promueve el uso racional de los recursos naturales, y con el artículo 124, que reconoce el dominio originario de las provincias sobre dichos recursos.

La reforma responde, además, a un reclamo de larga data de las provincias productoras de litio y cobre, agrupadas en la denominada Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y la Mesa del Cobre (a las anteriores se suman Mendoza y San Juan). Según la Presidencia, los cambios restituyen a estas jurisdicciones competencias clave para identificar, proteger y gestionar sus reservas hídricas “de manera eficiente, técnica y realista”.

En paralelo, organizaciones ambientales y asambleas ciudadanas manifestaron un fuerte rechazo a la reforma y anunciaron el lanzamiento de una acción judicial colectiva. Bajo la consigna “Sé parte de la demanda colectiva más grande de la historia para defender el agua”, convocan a la ciudadanía a sumarse a una presentación que buscará declarar la inconstitucionalidad de los cambios aprobados.

Desde estos sectores advierten que la modificación de la ley “pone en riesgo el agua de millones de personas en todo el país” y califican la medida como un retroceso ambiental. Además, sostienen que recurrirán a la Justicia tras lo que consideran una “traición a la voluntad ciudadana”, e invitan tanto a individuos como a organizaciones, agrupaciones y asambleas a adherir a la iniciativa.

En un tono crítico, el comunicado oficial también apunta contra organizaciones ambientalistas y actores internacionales, a quienes acusa de intentar obstaculizar el desarrollo económico del país. “El cuidado genuino del ambiente y el crecimiento económico no son enemigos”, afirma el texto, que plantea ambos objetivos como “motores complementarios” del desarrollo nacional.

El presidente Javier Milei agradeció el respaldo legislativo a la iniciativa y destacó el trabajo conjunto de gobernadores de provincias mineras, así como de funcionarios del área legal, energética y minera del Gobierno nacional, quienes participaron en la elaboración del proyecto durante el último año.

Finalmente, desde el Ejecutivo señalaron que la reforma marca el inicio de una etapa de “verdadero federalismo ambiental” y de una política “inteligente y soberana” en materia de explotación de recursos naturales.