Un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires alertó sobre un crecimiento sostenido de los desalojos y un cambio en la modalidad de ejecución, con un fuerte incremento de los procedimientos administrativos en detrimento de los judiciales.

Según el relevamiento, entre el 12 de diciembre de 2023 y el 5 de marzo de 2026 se registraron 621 desalojos que afectaron a 1.135 familias y 4.482 personas, entre ellas 1.409 niñas, niños y adolescentes. El documento señala que, de mantenerse la tendencia observada en los primeros meses de 2026, este año podría convertirse en el de mayor cantidad de desalojos del período analizado.

Uno de los puntos centrales del informe es el cambio en la naturaleza de los procedimientos. Mientras que en 2024 el 98% de los desalojos se realizó por orden judicial, en los primeros meses de 2026 el 58% fue de carácter administrativo, impulsado por el propio Gobierno porteño, principalmente a través de clausuras por riesgo edilicio.

El estudio advierte que este tipo de intervenciones, previstas como excepcionales para situaciones de peligro inminente, comenzaron a utilizarse de manera creciente. En ese sentido, se destaca el aumento de las clausuras totales —que implican la evacuación completa de los inmuebles—, que pasaron de representar el 2% en 2024 al 56% en 2026.

En términos de impacto, el informe señala que los desalojos administrativos por clausura se incrementaron de forma significativa en el último año, con un aumento superior al 1.000% en la cantidad de familias afectadas en los primeros meses de 2026 en comparación con el año anterior.

El documento también pone el foco en la falta de herramientas institucionales para abordar la problemática. Según la información oficial relevada, el Gobierno de la Ciudad no cuenta con un protocolo único de actuación, ni con un registro consolidado de desalojos y personas afectadas, ni con mecanismos de seguimiento sobre la situación habitacional posterior de las familias.

En cuanto a la respuesta estatal, se indica que las medidas disponibles se limitan en general al acceso a subsidios habitacionales o al ingreso a Centros de Inclusión Social, sin contemplar las particularidades de las familias desalojadas ni garantizar soluciones habitacionales sostenibles.

El informe advierte además sobre el impacto de estas políticas en el derecho a la vivienda y en grupos especialmente vulnerables, como niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad y quienes padecen enfermedades crónicas. También señala que la ejecución de desalojos administrativos, por su inmediatez, puede dificultar el acceso a garantías básicas como la defensa previa y la planificación de alternativas habitacionales.

En paralelo, se remarca que el aumento de los desalojos se produce en un contexto de reducción de la oferta de vivienda accesible, lo que agrava las dificultades para reubicarse y aumenta la presión sobre el sistema de asistencia social. De acuerdo con datos oficiales citados en el informe, la cantidad de personas en situación de calle en la Ciudad se duplicó en los últimos cuatro años.

Como conclusión, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público de la Defensa solicitaron al Gobierno porteño la elaboración de un protocolo integral para los procedimientos de desalojo y la creación de instancias de articulación que permitan unificar la información y garantizar el seguimiento de los casos.

Ambos organismos anticiparon que continuarán monitoreando la situación y evaluando posibles acciones institucionales frente a la evolución del escenario.