El Gobierno puso en marcha la reforma laboral con cambios sindicales, fondos de indemnización y un blanqueo masivo
El Gobierno Nacional oficializó el paquete normativo más esperado por el sector empresario y los sindicatos al publicar en el Boletín Oficial los Decretos 407, 408 y 409 de 2026. Con estas tres firmas conjuntas del presidente Javier Milei y sus ministros, queda completamente operativa la arquitectura de la Ley de Modernización Laboral. El bloque de decretos desregula la contratación eventual, digitaliza al extremo el control de ausentismo médico, pone reglas de juego financieras para los nuevos fondos de cese e inaugura un agresivo régimen de regularización de trabajadores con fuertes incentivos de condonación para las pymes.

El Decreto 407 de 2026 se enfoca en la letra chica de la Ley de Contrato de Trabajo y el marco de las asociaciones gremiales, buscando recortar la litigiosidad y acotar las denominadas cajas sindicales. Por un lado, establece un tope global y coordinado para todas las retenciones obligatorias que fijan los convenios en favor de los gremios. Estas cargas no se podrán fragmentar para superar el límite legal y solo obligarán a las empresas que estén formalmente asociadas a las cámaras que firmaron el convenio. En cuanto a las cúpulas directivas de los gremios, deberán guardar una proporción razonable con el número de afiliados cotizantes. Además, la Secretaría de Trabajo cruzará los padrones presentados por los sindicatos con los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino para verificar que sean reales, y cualquier falta de concordancia frenará el trámite de personería.

En lo que respecta estrictamente a los haberes y la liquidación de sueldos, el Decreto 407 introduce una transformación histórica en la estructura y transparencia del recibo de sueldo. A partir de ahora, el documento de haberes debe dividirse obligatoriamente en cuatro secciones bien diferenciadas que separan los datos básicos, los conceptos abonados por ley o convenio, la determinación analítica del salario bruto con sus deducciones y, finalmente, el salario neto de bolsillo. La norma exige que cada concepto indique con precisión matemática su base de cálculo, su unidad de medida y el monto resultante, prohibiendo la opacidad en las liquidaciones. Además, cuando los empleadores paguen sumas globales destinadas a todo el personal, estas deberán ser prorrateadas proporcionalmente en cada liquidación individual. La suma total de lo invertido por la empresa tendrá que figurar antes del cálculo del sueldo bruto del empleado y, como principal innovación, el anverso del recibo incluirá un cuadro resumen que visibilice el costo laboral total a cargo del empleador, detallando cuánto se destina a los rubros sindical, seguridad social, obra social, jubilaciones, aseguradoras de riesgos del trabajo y cámaras empresarias.

Esta reorganización de los ingresos viene acompañada por una estricta limitación sobre los beneficios sociales y los viáticos no remunerativos, cerrando márgenes de discrecionalidad en las empresas. El decreto establece que los beneficios de comedor y servicios gastronómicos brindados fuera del establecimiento bajo el artículo 103 bis de la ley laboral solo podrán ser costeados y provistos de forma directa por el empleador, quedando terminantemente prohibida su sustitución o compensación en dinero en efectivo u otros medios de pago. Asimismo, fija un tope mensual infranqueable para este concepto equivalente al cuarenta por ciento del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente. Por otra parte, para los reintegros de gastos de automóvil, combustible o similares contemplados en el artículo 105, la reglamentación impone un límite máximo equivalente al cinco por ciento de la remuneración bruta anual del trabajador. Toda la supervisión financiera y las normas aclaratorias complementarias sobre la retención y pago de cuotas de haberes quedarán bajo la órbita de control directo del Banco Central de la República Argentina.

Por otro lado, este primer decreto pone la mira sobre la ultraactividad y los convenios vencidos, intimando a la Secretaría de Trabajo a convocar en treinta días a renegociar los contratos colectivos cuya vigencia haya expirado. Para aquellos acuerdos antiguos que tengan cláusulas de prórroga automática perpetua o carezcan de una fecha de fin explícita, se fijará administrativamente el 31 de diciembre de 2026 como fecha límite de referencia. En el terreno de la digitalización diaria, la norma introduce un estricto control de ausentismo médico, determinando que todas las bajas que incluyan días de reposo deberán tramitarse en forma electrónica mediante plataformas registradas en el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias y firmadas por profesionales validados ante la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud. En caso de discrepancies insalvables entre el médico de la empresa y el del empleado, intervendrán juntas médicas oficiales o institutos públicos o privados de reconocida trayectoria. Finalmente, las altas y bajas del régimen de la construcción se realizarán mediante el sistema unificado de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, suprimiendo además cualquier obligación de llevar libros laborales en soporte físico o digital.

La segunda pieza del rompecabezas es el Decreto 408 de 2026, que reglamenta el Fondo de Asistencia Laboral, el nuevo sistema alternativo para financiar y cubrir el pago de las indemnizaciones por despido en el sector privado. El dinero aportado por las empresas se administrará mediante Fondos Comunes de Inversión o Fideicomisos Financieros bajo la estricta supervisión de la Comisión Nacional de Valores. Los fondos de cese deberán invertirse exclusivamente en activos financieros negociados dentro de la Argentina, quedando expresamente prohibido girar el capital al exterior. Cada empleador elegirá una entidad autorizada y abrirá una cuenta propia asociada a un identificador digital único llamado ID FAL, cuyas transferencias de alícuotas se centralizarán a través de la agencia recaudadora nacional. Si la empresa no reporta su identificador, el organismo retendrá los fondos transitoriamente y la Comisión Nacional de Valores lo asignará de oficio tras un mes de mora. La norma aclara que, si bien el dinero para abonar los ceses se extraerá de estas cuentas individuales, la responsabilidad del cálculo correcto de la indemnización final sigue siendo estrictamente del empleador. Para dar margen de adecuación financiera a los operadores y bancos, el Poder Ejecutivo prorrogó la entrada en vigencia de este fondo hasta el 1 de noviembre de 2026.

Finalmente, el Decreto 409 de 2026 pone en marcha el Régimen de Promoción del Empleo Registrado, un masivo plan de regularización laboral para incorporar al sistema formal a trabajadores no registrados o con datos adulterados, como fechas de ingreso falsas o sueldos subdeclarados. El decreto extingue las acciones penales previsionales y perdona el capital e intereses adeudados bajo un esquema escalonado según el tamaño del empleador. Las micro y pequeñas empresas, junto con las entidades sin fines de lucro que cuenten con su certificado vigente, recibirán una condonación del noventa por ciento de la deuda previsional. Para las medianas empresas de los tramos uno y dos, el perdón alcanzará el ochenta por ciento, mientras que el resto de los empleadores que no cumplan con estos requisitos de escala tendrán una condonación del setenta por ciento.

A su vez, este régimen otorga una exención total del ciento por ciento para el pago de las deudas asociadas al Sistema Nacional del Seguro de Salud, el Régimen de Riesgos del Trabajo y el Seguro Colectivo de Vida Obligatorio. Sobre el saldo que no resulte condonado originalmente, el organismo recaudador ofrecerá una reducción adicional del cincuenta por ciento si la empresa abona en un solo pago contado, aunque de manera alternativa se podrá financiar el remanente a través de un Plan de Facilidades de Pago de largo plazo. Quienes ingresen con éxito al blanqueo serán eliminados del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales por las infracciones cometidas hasta el 6 de marzo de 2026. En cuanto al impacto en los trabajadores, los períodos regularizados mediante este decreto serán computados como años de servicio efectivo para la jubilación ordinaria, retiros por invalidez y el fondo de desempleo, tomándose como base de cálculo el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

El paquete integral de decretos comenzó a regir desde el momento de su publicación en el Boletín Oficial. Las agencias estatales y los organismos de control financiero contarán con plazos técnicos de entre 30 y 120 días para habilitar las plataformas digitales necesarias que den soporte al blanqueo y a la apertura de las cuentas individuales.