La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento de la anestesista Delfina “Fini” Lanusse y de su colega Hernán Boveri en la causa que investiga la presunta sustracción y utilización irregular de propofol, un anestésico de uso restringido dentro del sistema de salud.

La resolución fue adoptada por mayoría y ratificó la decisión de primera instancia, por lo que ambos profesionales continuarán sometidos al proceso judicial mientras avanza la investigación.

En el fallo, los camaristas consideraron que las pruebas reunidas hasta el momento permiten sostener, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa, la hipótesis de que los imputados habrían obtenido el medicamento a través de su actividad profesional en el Hospital Italiano.

Los magistrados valoraron especialmente distintos testimonios incorporados al expediente. Entre ellos, el de una médica que relató conversaciones mantenidas con Lanusse y describió situaciones en las que habría advertido signos compatibles con consumo de sustancias. Según la resolución judicial, la testigo también refirió comentarios atribuidos a la anestesista sobre el uso compartido de propofol junto a Boveri, indicó TN.

La Cámara destacó que el propofol es un fármaco cuya comercialización y suministro se encuentran estrictamente regulados, por lo que su acceso fuera de los circuitos hospitalarios resulta excepcional. En ese contexto, señaló que ambos imputados tenían acceso legítimo al medicamento en virtud de sus funciones como anestesistas.

Si bien desde el Hospital Italiano se informó que no se detectaron faltantes de stock ni registros de retiros irregulares vinculados a los acusados, los jueces consideraron relevante la declaración de distintos profesionales que describieron posibles vulnerabilidades en los mecanismos de control interno de medicamentos.

De acuerdo con la resolución, esas circunstancias, sumadas a la imposibilidad práctica de adquirir el fármaco por vías convencionales, permiten sostener provisoriamente la hipótesis de que el propofol utilizado por los imputados habría sido obtenido dentro del ámbito hospitalario.

Uno de los integrantes del tribunal votó en disidencia parcial al considerar que los testimonios reunidos no alcanzan para demostrar de manera suficiente el origen específico de los medicamentos presuntamente sustraídos. Sin embargo, la posición mayoritaria terminó imponiéndose y confirmó los procesamientos.

El origen de la investigación

La causa tomó estado público a comienzos de este año tras la muerte del anestesiólogo Alejandro Zalazar, quien fue hallado sin vida en su domicilio. La investigación determinó que el fallecimiento estuvo asociado a una sobredosis de propofol y fentanilo, dos sustancias utilizadas habitualmente en procedimientos médicos y cuya circulación se encuentra restringida.

Durante las actuaciones posteriores se secuestraron medicamentos y equipamiento médico, lo que abrió una investigación más amplia sobre el posible desvío de anestésicos de uso hospitalario hacia ámbitos ajenos a la práctica profesional.

A partir de allí surgieron distintas líneas de investigación vinculadas al presunto consumo recreativo de estos fármacos por parte de profesionales de la salud, una trama que derivó en la apertura de causas judiciales y sumarios internos en establecimientos sanitarios.

Con la confirmación de los procesamientos, el expediente continuará ahora con la producción de nuevas pruebas para determinar si existen elementos suficientes para elevar la causa a juicio oral.