La Nación y la Ciudad firmaron el acuerdo para transferir la justicia penal juvenil a CABA
La Justicia porteña pasará a intervenir de manera exclusiva en las causas penales que involucren a adolescentes de entre 14 y 18 años. El convenio aún debe ser aprobado por el Congreso Nacional y la Legislatura porteña para entrar en vigencia.
justicia
El Ministerio de Justicia de la Nación anunció este viernes la firma del acuerdo para avanzar con la transferencia de la función judicial en materia penal juvenil a la Ciudad de Buenos Aires, un paso que, según el Gobierno nacional, se enmarca en los mandatos de la reforma constitucional de 1994 y en el proceso de consolidación de la autonomía porteña.
El convenio fue suscripto por el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia.
De acuerdo con lo informado oficialmente, la Justicia de la Ciudad asumirá de manera exclusiva la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos por adolescentes de entre 14 y 18 años. También tendrá a su cargo la adopción de medidas de protección respecto de niños menores de 14 años involucrados en hechos tipificados como delitos.
El acuerdo también contempla una modificación en los casos en los que un mismo hecho involucre tanto a menores como a mayores de edad. En esas situaciones, la Justicia porteña concentrará la investigación y el juzgamiento para evitar que la causa quede dividida entre distintos fueros.
La transferencia todavía no entrará en vigencia de forma inmediata. El texto deberá ser aprobado por el Congreso de la Nación y por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para que el traspaso de competencias pueda hacerse efectivo de manera definitiva.
Tras la firma, el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, sostuvo que el convenio “es un paso fundamental en la consolidación de la autonomía porteña”, al referirse al acuerdo de transferencia de la función judicial en materia criminal y correccional de menores.
La medida forma parte del proceso de transferencia de competencias judiciales desde la órbita nacional hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto por la Constitución Nacional desde la reforma de 1994 y desarrollado mediante distintos convenios entre ambas jurisdicciones.
