Revocaron el fallo que había declarado inconstitucional el Régimen Penal Juvenil en la Ciudad
La Cámara de Casación y Apelaciones porteña dejó sin efecto la resolución de la jueza Laura De Marinis, que había sobreseído a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo agravado. Jorge Macri celebró la decisión y cuestionó el “garantismo judicial”.
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Foto: @jusbaires
La Sala III de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires revocó este viernes el fallo de la jueza Laura De Marinis que había declarado la inconstitucionalidad del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseído a un adolescente de 14 años acusado en una causa por tentativa de robo agravado.
La decisión fue adoptada al hacer lugar al recurso presentado por el fiscal Mauro Andrés Tereszko y la auxiliar fiscal Paula Raffa Pirra, de la Unidad Fiscal Especializada en Penal Juvenil. El tribunal también dispuso el apartamiento de De Marinis de la causa y ordenó el sorteo de un nuevo juez para que intervenga en el expediente.
El fallo de primera instancia había sido dictado la semana pasada y generó una fuerte discusión en torno a la aplicación del nuevo régimen penal para adolescentes. La jueza había sostenido que, dadas las circunstancias particulares del caso, correspondía declarar inconstitucional su aplicación al adolescente involucrado.
La propia magistrada había aclarado posteriormente que su decisión se circunscribía a ese expediente y que no implicaba una declaración general de inconstitucionalidad de la ley. También había señalado que el régimen continuaba vigente para los demás casos alcanzados por la normativa.
Tras conocerse la decisión de la Cámara, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó la revocación del fallo y afirmó: “Un necesario freno al garantismo judicial. La ley está para cumplirse. Si quieren legislar, vayan al Congreso”.
El nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801, contempla un régimen penal para adolescentes de entre 14 y 18 años. La norma comenzó a regir en septiembre de 2026.
En paralelo, más de 70 jueces y juezas de la Ciudad habían expresado su respaldo a De Marinis y cuestionado el pedido de juicio político impulsado por el Ejecutivo porteño. En un comunicado titulado “En apoyo a la magistrada De Marinis”, sostuvieron que una diferencia con el contenido de una sentencia debe canalizarse mediante los recursos judiciales correspondientes y advirtieron que “la promoción de un juicio político como respuesta al contenido de una sentencia agravia seriamente la independencia judicial”. Los magistrados señalaron además que la jueza había ejercido el control de constitucionalidad y convencionalidad dentro de sus atribuciones.
