El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estableció un nuevo procedimiento de evaluación de calidad regulatoria para las normas que creen o modifiquen obligaciones y trámites con impacto en el desarrollo de actividades económicas.

La medida fue formalizada a través de la Resolución N.º 59/SSIN/26, firmada el 19 de agosto y publicada este lunes 24 de agosto en el Boletín Oficial porteño. La normativa establece que el procedimiento deberá ser aplicado por las reparticiones de la Administración Pública centralizada y los organismos descentralizados que impulsen este tipo de regulaciones.

El objetivo es que, antes de aprobar una nueva exigencia para ciudadanos o sectores productivos, se analice su necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, además de evaluar alternativas que permitan alcanzar los objetivos buscados con el menor impacto posible.

La resolución también dejó sin efecto la Resolución 149-SSDECO/21, que establecía el esquema anterior.

Seis etapas antes de aprobar una nueva regulación

El nuevo procedimiento está dividido en seis fases o hitos de control. En la primera, el organismo que impulsa una nueva regulación o una modificación debe clasificar la propuesta y conformar un expediente electrónico con el proyecto de norma, el cálculo de costos, el flujograma del trámite, la normativa que se modifica o complementa, la matriz de evaluación y, cuando corresponda, documentación sobre participación ciudadana.

Luego, el expediente es enviado al organismo evaluador según el tipo de impacto. Cuando se trate de trámites, obligaciones o subsidios que afecten al ciudadano, la evaluación estará a cargo de la Subsecretaría de Innovación Administrativa. Si el impacto corresponde al sector productivo, intervendrá la Dirección General de Simplificación Normativa, dependiente de la Subsecretaría de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Económico.

La segunda etapa contempla una subsanación temprana. Si el expediente presenta documentación incompleta, errores materiales o defectos formales, será devuelto al organismo que impulsó la medida, que tendrá cinco días administrativos para corregir las observaciones.

En la tercera fase se realizará la evaluación técnica mediante una matriz específica. El resultado podrá determinar un nivel alto, medio o bajo de cumplimiento de los criterios de calidad regulatoria.

Si el nivel es alto, se recomendará continuar con la tramitación. Ante un nivel medio, se solicitarán adecuaciones y, si el resultado es bajo, se recomendará una reformulación integral de la propuesta por no contar con elementos suficientes que acrediten su necesidad, razonabilidad o proporcionalidad.

El organismo evaluador tendrá 10 días administrativos para realizar el análisis técnico. Sin embargo, las recomendaciones tendrán carácter no vinculante, por lo que el organismo que impulsa la regulación podrá apartarse de ellas, siempre que deje constancia de los fundamentos técnicos, jurídicos o de oportunidad que justifiquen esa decisión.

Evaluación antes y después de la norma

Las etapas siguientes contemplan la adecuación del proyecto, su aprobación y finalmente su publicación y notificación.

Una vez aprobada la regulación, se inicia además un proceso de evaluación ex post, que tendrá carácter obligatorio. El objetivo será analizar si la medida cumplió con los objetivos para los cuales fue creada, cómo evolucionó el problema que buscaba resolver y si corresponde mantenerla, modificarla o derogarla.

Los organismos que hayan impulsado las regulaciones deberán revisarlas periódicamente para comprobar que mantengan su eficacia, proporcionalidad y adecuación. También deberán considerar cambios económicos, sociales, tecnológicos, institucionales o normativos que puedan justificar una actualización o simplificación.

La metodología incorpora además indicadores definidos durante la evaluación previa para medir los resultados de las políticas públicas y promover modificaciones cuando sean necesarias.

Excepción para eliminar trámites y obligaciones

La resolución establece un procedimiento simplificado para las medidas que tengan como único objetivo eliminar obligaciones, cargas administrativas o trámites para los ciudadanos o las actividades económicas.

En esos casos, la propuesta quedará exceptuada del procedimiento completo de evaluación, siempre que no incorpore nuevas exigencias ni reemplace las eliminadas por otras equivalentes.

La excepción no se aplicará si la medida, además de eliminar una obligación, incorpora nuevos requisitos, controles, cargas administrativas o trámites, aunque estos compensen total o parcialmente los que fueron eliminados.

De esta manera, el Gobierno porteño busca incorporar un mecanismo sistemático para revisar el impacto de las regulaciones y promover la simplificación de trámites y obligaciones vinculadas con la actividad económica.