La Justicia Federal declaró inconstitucional el decreto mediante el cual el Gobierno nacional había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Poder Ejecutivo avanzar con su cumplimiento.

La decisión fue adoptada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, quien hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El fallo deja sin efecto el Decreto 759/2025 y dispone que el Gobierno dicte las medidas reglamentarias y de ejecución necesarias para poner en práctica la legislación aprobada por el Congreso, explicó Noticias Argentinas.

Entre los aspectos alcanzados por la decisión se encuentran el financiamiento destinado al funcionamiento de las universidades y la recomposición de los salarios de docentes y trabajadores no docentes, además de las disposiciones previstas por la ley para el sistema universitario.

La controversia se inició luego de que el Gobierno intentara impedir la entrada en vigencia de la ley mediante un veto. Tras el rechazo de esa medida por parte del Congreso, el Poder Ejecutivo dictó el decreto que condicionaba la ejecución de las partidas a la identificación de fuentes específicas de financiamiento y a su incorporación al presupuesto general.

Las universidades cuestionaron esa decisión ante la Justicia y solicitaron que se garantizara la aplicación de la norma sancionada por el Congreso.

En su resolución, Cormick consideró que el decreto no podía utilizarse para postergar la aplicación de una ley que había sido ratificada por el Congreso luego del veto presidencial.

Según el magistrado, la medida del Ejecutivo no cumplía con un estándar mínimo de razonabilidad porque permitía dejar en suspenso una norma aprobada por el Poder Legislativo mediante las mayorías previstas constitucionalmente.

El juez sostuvo además que el decreto terminó funcionando, en los hechos, como una nueva instancia para impedir la aplicación de la ley, pese a que ese mecanismo no está contemplado por la Constitución Nacional.

El fallo también rechazó el argumento de que el control judicial sobre una decisión con impacto presupuestario constituya necesariamente una interferencia sobre las facultades del Poder Ejecutivo. Para Cormick, este tipo de decisiones puede ser revisado judicialmente cuando existen cuestiones jurídicas que deben resolverse.

Otro de los puntos analizados fue el eventual costo fiscal de la Ley de Financiamiento Universitario. El juez señaló que durante 2024 y 2025 no hubo una nueva Ley de Presupuesto y que se mantuvieron vigentes las partidas correspondientes al presupuesto de 2023.

Además, citó una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso, según la cual el impacto de la ley durante 2025 representaba aproximadamente el 0,23% del PBI nominal proyectado.

Con el fallo, el Poder Ejecutivo deberá avanzar con las medidas necesarias para implementar la Ley de Financiamiento Universitario, en una jornada marcada además por el inicio de nuevas medidas de fuerza en las universidades nacionales.