La Confederación General del Trabajo (CGT) repudió este martes la detención de los metrodelegados Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia, ocurrida por la mañana en la estación Juan Manuel de Rosas de la Línea B del subte, durante una protesta sindical. En paralelo, el conflicto continúa en todas las líneas de la red y, tras la liberación de Néstor Segovia, Dellecarbonara y Heredia permanecen detenidos.

En un comunicado difundido el 20 de octubre, el Consejo Directivo Nacional de la CGT calificó las detenciones de “arbitrarias e injustificadas” y exigió la inmediata liberación de los trabajadores. Según la central sindical, la protesta se originó en el rechazo a la presencia de empresas tercerizadas que realizarían tareas propias del personal de mantenimiento y en el reclamo contra una sanción aplicada a un compañero.

La CGT sostuvo que la intervención policial constituye una persecución contra la actividad gremial y recordó que la libertad sindical y el derecho de huelga están contemplados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). También responsabilizó a la empresa concesionaria Emova y al Gobierno porteño por la escalada del conflicto.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, defendió el accionar judicial y publicó en sus redes sociales: “Metrodelegados presos por parar el subte”. Además, afirmó que las órdenes de la Justicia deben cumplirse y advirtió que no aceptará “extorsiones mafiosas”. También sostuvo que quien bloquea un servicio esencial puede terminar detenido.

La cuenta de Prensa AGTSyP respondió a esas declaraciones y cuestionó la versión oficial. “El Jefe de Gobierno MIENTE. No había paro, había apertura de molinetes. La interrupción del servicio es consecuencia de la detención arbitraria de nuestros compañeros”, publicó la organización sindical en X.

De esta manera, las partes presentaron versiones contrapuestas sobre el origen de la interrupción del servicio. Mientras Macri vinculó las detenciones con la afectación del transporte, los metrodelegados afirmaron que la medida inicial consistía en liberar los molinetes y atribuyeron la paralización posterior a los arrestos.

Según informó el Gobierno porteño, el episodio comenzó cuando Sebastián Carrizo, empleado de Emova y metrodelegado, abrió una puerta de emergencia en la estación Juan Manuel de Rosas para permitir el ingreso de usuarios sin pagar el pasaje, como protesta por una sanción aplicada a otro trabajador.

La administración porteña señaló que la Unidad Fiscal Norte, a cargo de Natalia Pla, dispuso la detención de Carrizo por desobediencia tras una denuncia. De acuerdo con esa versión, Dellecarbonara y Heredia intervinieron cuando la Policía intentó detenerlo y entorpecieron el procedimiento al descender con él a la zona de andenes.

En paralelo, la Secretaría de Trabajo y Empleo porteña dictó la Resolución 1201/SECTE/26, mediante la cual intimó a garantizar los servicios mínimos obligatorios ante la paralización total de la red de subte y Premetro.

La disposición exige una cobertura mínima del 50% en cada línea, conforme al Decreto N.º 230/26, y requiere a las partes que informen de inmediato las medidas adoptadas para cumplir con esa prestación.

Mientras la CGT reclamó la liberación de los delegados y el respeto de los derechos sindicales, el Gobierno porteño puso el foco en el cumplimiento de las disposiciones judiciales y laborales y en la continuidad del transporte público.