Una serie de allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires y en territorio bonaerense, en el marco de una investigación por defraudación a la administración pública, permitió recuperar 1.800 computadoras portátiles del programa Conectar Igualdad, que estaban destinadas a estudiantes de escuelas públicas.

El operativo fue llevado adelante por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y se desarrolló de manera simultánea en distintos puntos de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Como resultado, se secuestraron 10 pallets con equipos informáticos que habían sido sustraídos del circuito oficial de distribución.

La investigación se inició a partir de la denuncia de un empleado de la empresa fabricante, quien detectó irregularidades durante un control interno de stock. A partir de esa presentación judicial, se abrió una causa por defraudación mediante administración fraudulenta, que derivó en medidas ordenadas por la fiscalía.

Según la pesquisa, durante el año 2025 un ex trabajador de la firma habría intervenido en el desvío irregular de las notebooks, que terminaron almacenadas en distintos domicilios, entre ellos una vivienda ubicada en Capital Federal y otros inmuebles en el partido bonaerense de Hurlingham.

La causa está a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N.º 2 Descentralizada de Ezeiza, bajo la conducción del fiscal Carlos Hassan. Por disposición judicial, las computadoras recuperadas fueron trasladadas a una planta logística en Carlos Spegazzini, donde quedaron bajo depósito judicial. En los allanamientos también se incautaron documentación, teléfonos celulares y tarjetas SIM, que serán analizados como parte de la investigación.

Las imágenes difundidas por la PSA muestran claramente las cajas originales de los equipos, identificadas con leyendas del programa Conectar Igualdad, el Ministerio de Educación y el escudo nacional, lo que permitió confirmar su origen estatal.

La causa penal quedó radicada en el Juzgado de Garantías N.º 7 Descentralizado de Ezeiza, mientras continúan las actuaciones para determinar responsabilidades y el destino final de los dispositivos recuperados.