La Legislatura porteña publicó en el Boletín Oficial la ley de aprobación inicial que propone reemplazar la denominación de un tramo de la calle Combate de Costa Brava por el nombre del fiscal Alberto Nisman. El proyecto deberá atravesar una audiencia pública y luego una votación definitiva.

La Unidad Fija (UF) aumentó y quedó establecida en $1.173,08 para el período comprendido entre el 2 de septiembre de 2026 y el 1 de septiembre de 2027. Con ese valor, las infracciones más comunes pueden superar el millón de pesos.

Un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio detectó 284 locales vacíos durante julio y agosto en los principales corredores porteños. La cifra representa una baja del 2,4% frente a mayo-junio, pero un incremento respecto del mismo período de 2025.

El jefe de Estado sostuvo que la Argentina se encuentra ante una oportunidad vinculada con sus recursos naturales y afirmó que el país puede convertirse en una potencia exportadora de metales, alimentos e hidrocarburos.

El Gobierno porteño habilitó un marco regulatorio para realizar pruebas piloto de vehículos autónomos sin intervención humana. Empresas, universidades y centros de innovación podrán solicitar autorizaciones para desarrollar experiencias controladas en el espacio público.

La medida alcanza a solicitudes de electricidad y gas por redes que, después de un año, todavía no pudieron asociarse correctamente a un servicio. Los usuarios serán notificados y tendrán 60 días para corregir o actualizar sus datos.

La emisora fue fundada en los años 90 por organizaciones y vecinos del barrio y salió oficialmente al aire el 1 de junio de 1996. La Legislatura aprobó la colocación de una placa en su sede de Avenida Riestra y Presidente Camilo Torres y Tenorio.

Se dio sanción definitiva a ambas iniciativas.

La Fundación Argentino Japonesa deberá construir además un baño de acceso público. Durante la audiencia pública previa, organizaciones ambientales y vecinos habían cuestionado la cesión de espacio dentro del Parque Tres de Febrero.

La reforma modifica el régimen vigente y permite que, una vez cumplidos los plazos legales, los vehículos sean descontaminados, desguazados y compactados o afectados al uso público, además de priorizar su entrega para fines educativos cuando corresponda.