El Ejecutivo porteño destaca la necesidad de formalizar el cese de funciones “por voluntad expresa de su titular” y, al mismo tiempo, expresa un reconocimiento institucional al funcionario saliente.

La medida fue solicitada por el auxiliar fiscal Matías Vila y dispuesta por la jueza Susana Parada tras la detención del imputado en Saavedra, donde fue localizado pese a portar una tobillera electrónica.

La causa se inició a partir de la denuncia de un padre, quien detectó que en un grupo de mensajería de alumnos circulaban fotos de jóvenes posando con un revólver en el baño del colegio.

La apertura de sobres se postergó hasta el 12 de mayo. Organizaciones cuestionan la constitucionalidad del proceso y piden su anulación en la Justicia.

En su alegato, la fiscalía había solicitado una pena mayor: cuatro años y siete meses de prisión.

El caso es llevado adelante por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°41 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Mariano Camblong.

La Policía de la Ciudad interceptó al sospechoso con manchas de sangre y posteriormente halló a la víctima gravemente herida en el domicilio.

El operativo incluyó una inspección integral del establecimiento, en la que participaron la Agencia Gubernamental de Control y Bomberos de la Ciudad.

La Cámara de Apelaciones hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal y removió a la magistrada que había rechazado allanamientos. Dos mujeres quedaron detenidas tras un operativo en el que se secuestró más de un kilo de cocaína.

La Agencia Gubernamental de Control desestimó una presentación de la firma “San José S.R.L.” y ratificó la intimación para desalojar el inmueble, donde se detectaron graves irregularidades y una clausura vigente.