El hecho ocurrió durante la madrugada del 30 de abril en un edificio situado sobre la calle Paraná al 400. Según los informes incorporados a la causa, se logró establecer un contexto previo de violencia de género y doméstica, así como una situación de riesgo para la mujer y su hija.

Fueron detenidos tras un operativo policial iniciado por un alerta vecinal; la Justicia investiga además violación de domicilio y resistencia a la autoridad.

La fiscal Daniela Dupuy, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, logró que en menos de 48 horas cuatro imputados en territorio porteño fueran condenados a través de juicios abreviados.

En el juicio por el homicidio de un estilista, un testigo clave describió amenazas previas, el encierro de las víctimas y conflictos laborales con el imputado. La causa avanza hacia la etapa de alegatos.

La investigación apunta a presuntas fallas estructurales y falta de control en la obra. Vecinos denuncian que persisten los riesgos y algunos ya decidieron abandonar temporalmente sus viviendas ante la falta de soluciones.

El Ejecutivo porteño destaca la necesidad de formalizar el cese de funciones “por voluntad expresa de su titular” y, al mismo tiempo, expresa un reconocimiento institucional al funcionario saliente.

La medida fue solicitada por el auxiliar fiscal Matías Vila y dispuesta por la jueza Susana Parada tras la detención del imputado en Saavedra, donde fue localizado pese a portar una tobillera electrónica.

La causa se inició a partir de la denuncia de un padre, quien detectó que en un grupo de mensajería de alumnos circulaban fotos de jóvenes posando con un revólver en el baño del colegio.

La apertura de sobres se postergó hasta el 12 de mayo. Organizaciones cuestionan la constitucionalidad del proceso y piden su anulación en la Justicia.

En su alegato, la fiscalía había solicitado una pena mayor: cuatro años y siete meses de prisión.