La Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional ratificó la condena a prisión perpetua contra Guillermo Germán Berjeli por el asesinato de su esposo, ocurrido en 2020 durante una internación en un sanatorio del barrio porteño de Recoleta. El tribunal consideró acreditado que el imputado ejecutó un plan deliberado para provocar la muerte de la víctima mediante la manipulación de sueros.

El fallo confirmó la sentencia dictada en 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°5, que había hallado culpable a Berjeli por homicidio cuádruplemente agravado: por el vínculo, por alevosía, por el uso de veneno y por codicia. Los jueces de Casación concluyeron que el acusado actuó de manera “preordenada y sistemática”, aprovechando el estado de indefensión de su pareja, Roberto Alfonso Aquiles Guzmán Jaque, quien se encontraba inconsciente e intubado.

Maniobras registradas y prueba clave

Según la investigación, entre diciembre de 2019 y enero de 2020, Berjeli ingresó en reiteradas ocasiones a la terapia intensiva del Sanatorio Anchorena, donde manipuló los sueros que recibía la víctima. Para ello, sustrajo envases originales, los rellenó con sustancias tóxicas —como metanol y etilenglicol— y los reemplazó por los que estaban conectados al paciente. Estas acciones quedaron registradas por cámaras de seguridad y fueron determinantes durante el juicio.

El deterioro clínico de Guzmán Jaque coincidió con esas intervenciones, lo que permitió establecer un vínculo directo entre las maniobras y el desenlace fatal, ocurrido el 12 de enero de 2020. Los informes médicos y periciales descartaron otras causas posibles, como infecciones o patologías previas, y señalaron que la muerte fue consecuencia de una intoxicación con alcoholes pesados.

Motivación económica y encubrimiento

El tribunal también dio por probado que el móvil del crimen fue económico. De acuerdo con la sentencia, Berjeli buscaba acceder a bienes que su esposo poseía en Chile, entre ellos propiedades, inversiones y seguros. Sin embargo, no logró concretar ese objetivo, en parte porque el matrimonio igualitario no estaba reconocido en ese país en ese momento.

Tras la muerte, el condenado gestionó la cremación del cuerpo en un plazo de 48 horas, con la intención de evitar una autopsia que pudiera revelar el envenenamiento. Este accionar fue considerado un intento de encubrimiento.

Rechazo a los argumentos de la defensa

La defensa había apelado la condena al sostener que no se probó de manera concluyente la autoría del hecho y que la muerte podría haber sido causada por una infección. Sin embargo, los jueces rechazaron esos planteos al considerar que la evidencia reunida —incluyendo las filmaciones, la historia clínica y los testimonios médicos— resultaba contundente.

El camarista Horacio Días destacó que el análisis integral de la prueba permitió confirmar tanto la materialidad del delito como la responsabilidad del acusado. En esa línea, subrayó la coherencia entre las imágenes registradas y la evolución clínica de la víctima.