Rectores, docentes, no docentes y estudiantes protagonizaron este martes la cuarta Marcha Federal Universitaria, una movilización que se replicó en los principales centros urbanos del país y tuvo eje en la Plaza de Mayo de la Ciudad de Buenos Aires, tras una movilización que inició en distintos barrios como Recoleta (Comuna 2) y Monserrat (Comuna 1).

Se reclamó por la Ley de Financiamiento Universitario y, en el documento unificado, hubo un llamado directo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para que intervenga ante lo que consideran un incumplimiento sistemático de la normativa vigente por parte del Poder Ejecutivo nacional.

La convocatoria contó con la presencia de las máximas autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), encabezadas por Franco Bartolacci y Anselmo Torres, junto a la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Gremial Docente y No Docente. Durante el acto central, los oradores subrayaron que la situación presupuestaria ha alcanzado un límite crítico, afectando no solo los salarios, sino la operatividad básica de las instituciones y sus hospitales dependientes.

“Las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema universitario”, reza el documento leído durante la jornada.

El texto conjunto, que unificó el reclamo de todas las federaciones (CONADU, FEDUN, FAGDUT, CTERA, entre otras), denunció un “desprecio institucional” por parte del Gobierno Nacional al ignorar la Ley N° 27.795. Según los manifestantes, el Poder Ejecutivo ha decidido “alzarse contra los otros dos poderes de la República”, desoyendo tanto la voluntad del Congreso como los fallos judiciales previos. “Lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho”, advirtieron, indicó Noticias Argentinas.

En términos económicos, se detalló que el poder adquisitivo destinado a gastos de funcionamiento no superó, en ningún mes de la actual gestión, el 64% de los valores registrados en enero de 2023. Esta pérdida financiera se traduce, según los gremios, en una “situación límite” para la comunidad científica y en un deterioro alarmante de las condiciones laborales, marcado por renuncias de cuadros formados y una crisis en las obras sociales universitarias.

La movilización recibió un amplio respaldo del arco político y sindical. Entre los presentes en la Ciudad de Buenos Aires se destacaron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, legisladores de diversos bloques de la oposición y columnas de la CGT y ambas CTA (Autónoma y de los Trabajadores).

El reclamo unificado exige una recomposición salarial urgente y la garantía de partidas para ciencia y tecnología, definidas en el documento como “recursos estratégicos para que la industria nacional pueda competir en el mundo”.

Sobre el documento, se resaltó: Incumplimiento legal: Crítica a la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento tras 203
días de vigencia. Pérdida de transferencias: Denuncia de una pérdida equivalente a casi 9 meses de transferencias desde diciembre de 2023. Impacto social: Alerta sobre salarios que no cubren necesidades básicas y la expulsión de investigadores del sistema. Defensa democrática: Llamado a preservar la división de poderes y la soberanía científica.

Hacia el cierre del acto, los representantes estudiantiles y docentes apelaron a la urgencia del momento: “Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño. La universidad pública se defiende por más y mejor educación y ciencia”.