Una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo del Dr. Carlos Rolero Santurián, finalizó con la clausura de un criadero ilegal de perros que funcionaba en una casa del barrio de Floresta (Comuna 10) y el rescate de seis canes de raza chihuahua.

La investigación pudo dar con la existencia de un usuario que comercializaba perros de las razas chihuahua, bulldog francés y caniches a través de diferentes sitios web y por whatsapp, informó el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Además, se explicó que la UFEMA pudo constatar la existencia del criadero ilegal en una vivienda de la calle Bahía Blanca al 1700.

Ante esta situación, el fiscal Rolero solicitó una orden de allanamiento al lugar, la cual fue otorgada por el Juzgado N° 3. Consecuentemente, se realizó el procedimiento que fue coordinado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y contó con la participación de agentes de la División Conductas Delictivas en Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad, de la Dirección General de Control Ambiental, y de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC), ambas del GCBA,

“En la inspección, se pudo advertir que 6 chihuahuas se encontraban encerrados en un piso superior de la vivienda. Además, se hallaron en el lugar piletones para baños, platos, comederos, divisiones para separar las manadas de canes y elementos propios de la actividad, como artículos de baños para canes”, indican fuentes oficiales.

“En consecuencia, se secuestró toda la documentación vinculada con la comercialización ilegal de los canes como así también cuadernos con anotaciones de ventas, reservas, retiro de canes, recetarios en blanco con firma y sello de médico veterinario y certificados de salud de canes”, se agregó.

Tras el procedimiento, el fiscal ordenó la detención del responsable del lugar para ser intimado por los delitos de actos de crueldad animal y resistencia a la autoridad.

Por su parte, los perros rescatados fueron trasladados y puestos a resguardo a una ONG, quienes asumen el cuidado, tratamiento y evaluación de los mismos.

“Finalmente, el criadero fue clausurado por no cumplir con las normas locales en materia de funcionamiento, seguridad e higiene, que en el ámbito de la CABA se encuentra expresamente prohibido”, concluyó el MPF.