Palermo: apartaron a una docente denunciada por filmar a alumnos y pedirles datos personales
El Ministerio de Educación porteño inició un sumario y separó del cargo a una maestra de sexto grado de la Escuela Granaderos de San Martín, tras denuncias de alumnos y familias por filmaciones y pedidos de información personal. La docente se había reincorporado al sistema educativo en agosto.
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El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires apartó del cargo a una docente de sexto grado de la Escuela Granaderos de San Martín, en Palermo (Comuna 14), luego de que alumnos y familias denunciaran que los filmaba con su teléfono celular y les solicitaba datos personales.
Según las denuncias, la maestra habría grabado a los estudiantes durante las clases y dejado sin recreo a quienes se negaban a ser filmados. Las familias también señalaron que les pidió realizar dibujos de sus documentos nacionales de identidad e incluir información sobre datos personales y lugares que frecuentaban.
Además, los padres denunciaron el ingreso al establecimiento de un hombre presentado como pareja de la docente, quien habría filmado a los alumnos. Según las familias, esa situación se produjo presuntamente con autorización de la vicedirectora.
Ante las denuncias, la cartera educativa porteña inició un sumario administrativo y resolvió mantener apartada a la docente mientras avanza la investigación.
La mujer había sido condenada años atrás por la muerte de su hija de seis meses. El caso se inició en 2014, cuando fue detenida después de permanecer cuatro años prófuga. La investigación determinó que la beba había quedado al cuidado de sus hermanos menores mientras la mujer había salido, y que posteriormente sufrió una caída de la cama que provocó su muerte.
La condena inicial había sido por homicidio doloso, pero posteriormente la Cámara Nacional de Casación Penal modificó la calificación a homicidio culposo. Tras cumplir la pena y el período de inhabilitación administrativa correspondiente, la docente pudo reincorporarse al sistema educativo en agosto de este año.
Desde el Ministerio de Educación explicaron que la normativa vigente permite la reincorporación de docentes condenados por delitos culposos una vez cumplida la condena y transcurridos cinco años de cesantía administrativa.
A raíz de este caso, la cartera educativa también anunció que impulsará una modificación del decreto reglamentario de la ley vigente para revisar las condiciones aplicables a futuras reincorporaciones.
