El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que avanzó con nuevas clausuras de construcciones clandestinas en la Villa 31 de Retiro (Comuna 1), en el marco del Plan Integral de Ordenamiento Urbano impulsado por la gestión de Jorge Macri. Según se indicó, la medida busca frenar el crecimiento edilicio sin autorización y fortalecer la fiscalización estatal dentro del barrio.

Las intervenciones estuvieron a cargo de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), cuyos inspectores colocaron carteles de clausura con las correspondientes actas de infracción en las obras detectadas.

De acuerdo con el comunicado oficial, las actuaciones se realizaron en inmuebles ubicados sobre Vicuña 1176, 1198, 1278, 1294 y 1298; Castillo y Chejolan 1757; Perette 692; y Chejolan 1824 y 1753/1751. Las propiedades se encuentran en sectores linderos a la Autopista Illia y en las inmediaciones de la parroquia Cristo Obrero y del Paseo del Bajo.

Del operativo participaron funcionarios de la AGC, la Dirección General de Fiscalización, la Subsecretaría de Abordaje Territorial y Obras y efectivos de la Policía de la Ciudad.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, sostuvo que el objetivo es garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas en todo el territorio porteño. “Queremos que haya reglas que se cumplan, con más seguridad y mejores condiciones de vida. La Ciudad es una sola y eso implica los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones para todos”, afirmó. Además, agregó: “Está prohibido construir en la Villa 31. No vamos a permitir que esto siga creciendo”.

Balance del plan

Según datos difundidos por el Gobierno porteño, desde el inicio del Plan Integral de Ordenamiento Urbano se demolieron diez edificaciones clandestinas, se intervinieron otras diez construcciones ilegales y se clausuraron cinco corralones que funcionaban sin habilitación.

Asimismo, durante distintos operativos de control se cerraron cinco locales dedicados a la venta de teléfonos celulares de presunta procedencia ilegal, tres metaleras y tres depósitos de garrafas. También se retiraron y compactaron 35 vehículos abandonados, además de remover chatarra equivalente a 40 camiones y distintos carros utilizados como puestos de venta.

Los objetivos del ordenamiento

El Gobierno de la Ciudad señaló que el plan apunta a recuperar el espacio público, reforzar la capacidad de control del Estado, combatir actividades ilegales y restablecer el orden urbano dentro del Barrio Padre Mugica, donde viven alrededor de 45.000 personas en un predio de 72 hectáreas ubicado junto al barrio de Retiro.

Desde la administración porteña sostuvieron que el proceso de urbanización iniciado en 2016 no logró evitar el crecimiento urbano sin control ni alcanzar plenamente los objetivos de ordenamiento territorial previstos por la Ley 6.129.

En ese marco, el Ejecutivo indicó que continuará con medidas como la fiscalización de nuevas construcciones, el desalojo de terrenos y unidades ocupadas ilegalmente y el refuerzo de la seguridad. Además, afirmó que en el barrio se consolidaron circuitos informales vinculados a la compraventa de inmuebles, la comercialización de espacios aéreos, los alquileres irregulares y la ocupación de terrenos, actividades que, según el Gobierno porteño, funcionan al margen de la normativa vigente.