Un fallo pide suspender un sistema de geolocalización para empleados porteños tras un amparo de ATE Capital
La medida cautelar alcanza a todos los trabajadores del Gobierno de la Ciudad y frena el uso obligatorio de la “Hoja de Ruta Electrónica” mientras sigue el proceso judicial.
ate paro
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N.º 15 de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado – Capital Federal (ATE-Capital) y ordenó suspender la aplicación obligatoria del sistema de geolocalización denominado “Hoja de Ruta Electrónica” (HRE), junto con su vinculación con la herramienta FICHE.
La resolución, firmada el 19 de mayo de 2026 por el juez Víctor Troncoso Rodas, dispone que la suspensión rige para todos los trabajadores y trabajadoras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires alcanzados por este mecanismo, mientras continúa el tratamiento de la causa de fondo, expone un comunicado de ATE – Capital.
En su fallo, el magistrado consideró que la administración porteña no acreditó la existencia de un acto administrativo que respalde la implementación obligatoria del sistema ni el uso de teléfonos personales para registrar asistencia mediante geolocalización. En ese sentido, señaló que la herramienta fue aplicada “por vía de hecho”, lo que vulnera el principio de legalidad.
La decisión judicial también pone el foco en las condiciones de implementación del sistema. Según se desprende de la resolución, el esquema exigía a los trabajadores utilizar dispositivos propios, datos móviles y GPS para cumplir funciones laborales, sin que mediara una instancia de negociación colectiva previa ni garantías suficientes sobre el tratamiento de datos personales.
Además, se contempla que la medida impacta especialmente en sectores con tareas territoriales, de guardia, emergencias o atención a población vulnerable, donde las condiciones de trabajo presentan particularidades que no habrían sido consideradas en el diseño del sistema.
Desde ATE Capital habían cuestionado la iniciativa desde su puesta en marcha, al considerar que implicaba una afectación a la privacidad, la intimidad y los derechos laborales del personal estatal. La resolución judicial representa un avance en ese planteo, al menos de manera provisoria.
