El Ministerio de Capital Humano intimó a las universidades públicas nacionales a que informen los planes de contingencia previstos para garantizar el dictado de clases en medio de los paros docentes y no docentes, en un contexto de creciente conflictividad con el sector universitario y a días de una nueva movilización federal.

La medida fue formalizada a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias y está centrada en la continuidad del ciclo lectivo y en el acceso de los estudiantes al sistema educativo. Según la cartera que conduce Sandra Pettovello, el pedido apunta a evitar la pérdida de regularidad académica y la afectación de mesas de examen.

En un comunicado oficial, el ministerio expresó que observa con “extrema preocupación la suspensión total de la actividad académica que se registra en universidades a lo largo del país” y solicitó a los rectores que detallen qué mecanismos implementarán para sostener el funcionamiento institucional durante las medidas de fuerza.

Entre las alternativas sugeridas por la cartera se incluyen clases en modalidad virtual, reprogramación de actividades y esquemas de continuidad que contemplen a docentes que no adhieran a los paros. El requerimiento también apunta a que las autoridades universitarias expliquen cómo garantizarán el dictado de clases en casos de interrupciones prolongadas.

El Gobierno vinculó además la situación con el uso de los recursos públicos, al señalar que el financiamiento estatal está orientado al cumplimiento de los fines educativos establecidos por la normativa vigente y que debe estar acompañado por la “operatividad del sistema” y la garantía del derecho a enseñar y aprender.

La intimación se conoce en simultáneo con la ratificación de medidas de fuerza por parte de los gremios universitarios. La Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) confirmó un paro nacional de la docencia universitaria durante la semana del 27 de abril al 2 de mayo, junto con la convocatoria a una marcha federal para el 12 de mayo.

La movilización fue convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina y el Frente Gremial, y tendrá como principal eje el reclamo por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso. Desde el sector sostienen que su aplicación es clave para garantizar salarios, becas y programas de investigación.

La marcha, prevista hacia Plaza de Mayo y plazas del interior del país, será la cuarta movilización universitaria desde el inicio de la actual gestión y se enmarca en un escenario de fuerte tensión entre el Gobierno y las universidades por el financiamiento del sistema.