La jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires con competencia Penal Juvenil Carla Cavaliere dispuso que el Gobierno nacional debe recibir en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SFP) a los detenidos en comisarías y alcaldías porteñas.

De este modo, la magistrada resolvió de esta forma ante un hábeas corpus que se inicio hace tres años. Trascendió que había fijado un esquema de ingresos, pero no se cumplió al día de la fecha.

“Cuando este proceso se inició, el número de personas alojadas en dependencias de la Policía de la Ciudad no superaba el de doscientos (200), y al día de hoy, asciende a mil doscientos setenta y dos (1272). Por ende, lejos de resolverse ha empeorado”, sostuvo la magistrada.

El Sistema Interinstitucional de Control Judicial de Cárceles señaló que el mes pasado había alojadas 1.155 personas en dependencias porteñas, cuando la capacidad máxima era de 543. Además, sus representantes inspeccionaron tres lugares y concluyeron que se constataron “las peores condiciones de detención y hacinamiento”.

Según lo dispuesto por la jueza, hasta el 31 de julio deben ser llevadas las personas con condena de manera paulatina y que desde el 1° de agosto el traslado debe ser “inmediato”. Respecto de las personas procesadas, le solicitó al Ministerio de Justicia que en 30 días presente una propuesta para un ingreso semanal de entre 130 y 140 personas. Y que la “Mesa de Aproximación de los actores del sistema” -que creó para esta causa- elabore un esquema “de fecha límite para la desocupación de las Comisarías y las Alcaidías de la Policía de la Ciudad”, consigna Infobae.

“El alojamiento de personas privadas de la libertad con situación procesal resuelta es una obligación legal del Servicio Penitenciario Federal, cuya fuente es la Ley Nacional 24.660 para quienes se encuentran a disposición de los jueces nacionales y federal, y de convenio, en el caso local”, recordó en su resolución.